La dirección general de Política Industrial del Govern balear descarta abrir un expediente sancionador a la empresa que explota la cantera de ses Planes, en Jesús, por la denuncia que, a mediados de octubre, presentó la asociación de afectados por esta industria minera. El jefe del servicio de Minas del Govern ha emitido un informe en el que justifica que los hechos denunciados por este colectivo son los mismos que ya advirtieron en 2014 y que, entonces, sí motivaron el inicio de un proceso sancionador. Sin embargo, este expediente quedó en nada porque los hechos denunciados habían prescrito.
En la denuncia del pasado 14 de octubre, la Asociación de Afectados por la Cantera de ses Planes reiteraba que la explotación minera de Jesús invade una superficie de más de 8.000 metros cuadrados de terreno ajeno a su propiedad, que existen taludes invertidos y dos zonas con fracturas: en la zona norte de 58 metros de altura y 170 metros de ancho y en la zona sur, con un desnivel de 40 metros y 74 metros de ancho. Entre otras cosas, también advertía de que no están delimitadas las zonas de riesgo de desprendimiento para los operarios.
El informe del jefe de servicio de Minas expone, a partir del documento que aporta la asociación de afectados con imágenes tomadas con un dron, que la invasión de parcelas vecinas detectada en 2014 no ha aumentado y que ya fue objeto de sanción, aunque no prosperase por haber prescrito.
Dos fracturas históricas
También señala que en 2014 se analizaron las «dos grandes fracturas históricas» y el riesgo de desprendimientos por la gran altura y la pendiente de los taludes. Argumenta que entonces se prohibió el paso por debajo de los taludes inestables, especialmente con alturas superiores a los 40 metros (se debían señalizar estas zonas), y la prohibición de la explotación de áreas con taludes superiores a 40 metros, entre otras condiciones. Por ello, el informe del Govern considera que ya actuó mediante la prohibición de los trabajos que incumplían estas condiciones de seguridad. «No se han añadido nuevas circunstancias relevantes al respecto», señala, aunque acto seguido reconoce que la sentencia judicial de 2018 que tumbó el plan de restauración de la cantera (el que preveía además la instalación de una planta de asfalto y otra de hormigón) «obliga a ordenar una actualización inmediata de dicho proyecto, con la tramitación ambiental que corresponde, al objeto de solucionar todas las situaciones halladas en 2014».
«Acciones legales» contra «la pasividad» de la Administración
La Asociación de Afectados por la Cantera de ses Planes lamenta que la administración competente esté «inactiva» ante «el sistemático incumplimiento de todas las medidas de seguridad» por parte de la empresa que explota la cantera. Por ello, los afectados advierten a través de un comunicado de que están «analizando» la posibilidad de emprender «acciones legales» por «tan insólita pasividad después de las denuncias presentadas y de haber demostrado la existencia de infracciones normativas en las que no se ha actuado».
Así, la autoridad minera de la Comunitat Autònoma señala en su informe que el explotador de la cantera (Hermanos Parrot) debería presentar el proyecto actualizado lo antes posible. «Considero prudente que fuera en un plazo de tres meses», sugiere el jefe del servicio de Minas.
Piden el cese de la actividad
La asociación de afectados denunció ayer mediante un comunicado de prensa que la explotación minera de Jesús funciona desde hace dos años sin un plan de restauración aprobado, lo cual es «motivo suficiente» para decretar el cese inmediato de la actividad.
Tras la derogación por mandato judicial del plan de restauración de 2015, el proyecto en vigor es el de 1992. El jefe del servicio de Minas apunta que este antiguo plan no concreta el volumen de áridos máximo que se puede extraer de la cantera y aclara que es «obligatorio el cumplimiento de las prescripciones de seguridad», adoptadas desde 1992. Los afectados critican, además, que el Govern balear haya respondido a su denuncia con un informe en vez de con una resolución, lo que les impide recurrir. Además, tachan de «incomprensible» que Recursos Hídricos no haya actuado, pese a las denuncias, por los vertidos en el torrente de sa Font.
