El Govern ha tramitado 7.467 propuestas de sanción de las 20.000 actas iniciadas por incumplimientos de las medidas anticovid en las cuatro islas desde julio del año pasado, de las que ha notificado propuestas de sanción por importe de 908.077 euros. De ellas, en Ibiza y Formentera se han propuesto sanciones a más de 1.500 particulares y 152 establecimientos por un valor que ronda los 392.000 euros, 365.000 en Ibiza y alrededor de 27.000 en Formentera, precisó Radio Ibiza SER. Además de las propuestas de sanción económica, se han cerrado siete establecimientos como medida cautelar desde julio: tres en Mallorca, tres en Ibiza y uno en Formentera.
Los datos los aportó la consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, en su intervención ante el pleno del Parlament para pedir a los grupos políticos que ratificaran el decreto ley del Govern que actualiza las sanciones por dichos incumplimientos en el nivel de riesgo 4 por la pandemia.
Castro aseguró que el decreto de sanciones se adapta a la cambiante situación epidemiológica de las islas desde su entrada en vigor en julio y destacó que Balears fue la primera comunidad en aprobar un régimen sancionador específico para los incumplimientos en materia anticovid. Destacó que, cuando entraron en vigor las sanciones, el Govern contaba con siete instructores de las actuaciones y en la actualidad dispone de 17 para tramitarlas.
El pleno del Parlament validó el Decreto Ley 15/2020 que establece un régimen sancionador para los incumplimientos de la normativa para frenar la expansión de la pandemia de coronavirus en Balears. El texto endurece las sanciones previstas en el primer decreto, aprobado en julio, en función de los niveles de alerta y supone que en el nivel 4 de alerta las sanciones leves pasan a graves y las graves pasan a muy graves, llegando las sanciones a hasta 600.000 euros.
El decreto salió adelante con el voto favorable de Cs y la abstención del resto de la oposición, aunque con duras críticas a la «incoherencia» y a la «ejemplaridad» del Govern, a quien se ha acusado de actuar con improvisación y de no cumplir las normas que propone, en referencia a la polémica de Francina Armengol y el bar Hat.
«No tenemos ningún afán recaudatorio sino la necesidad de ser contundentes con aquellos que se saltan las normas poniendo en peligro la vida de muchas personas; se trata de una cuestión de salud pública», aseguró Castro, quien destacó la respuesta ejemplar de la ciudadanía hacia las restricciones por la pandemia.
