El Consell de Ibiza arroja la toalla y retira los 14 recursos presentados en el Tribunal Supremo con los que trataba de evitar la tramitación obligada de un paquete de 426 licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) solicitadas entre 2014 y 2015. Aparte, hay otras 99 peticiones de permiso anteriores, cuyo derecho a ser tramitadas ya había sido confirmado antes por el alto tribunal.
Así, en el caso de que las empresas lo soliciten, el Consell tendrá que tramitar (verificar si cumplen las condiciones, que son muy simples, y otorgarlas o no) más de medio millar de autorizaciones de VTC, aunque se exceda el cupo actual de 50 para toda la isla (un permiso por cada 6,75 de taxi) que, en 2014, acordó la Administración insular en aplicación de un decreto del Govern balear.
Por ahora, al amparo de una sentencia firme, la compañía Ares Capital ya ha solicitado 30 licencias (del primer paquete apuntado de 99) que, inicialmente, el Consell rechazó a finales de septiembre por no acreditarse que el domicilio fiscal de los vehículos está en Ibiza. Sin embargo, Ares Capital recurrió y aportó documentación para demostrar que los vehículos sí están domiciliados en la isla, según explica el director insular de Transportes, Roberto Algaba, que asegura que la resolución de este recurso es inminente. Luego, el Consell tiene ya en cola la tramitación de otra solicitud de 15 licencias más.
Después de que el Tribunal Supremo dictara varias sentencias favorables a la tramitación de las solicitudes de licencia entre 2014 (la aprobación del decreto balear que establecía el cupo) y 2015 (la modificación del Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres), el Consell decidió hace unos meses dar marcha atrás a los recursos presentados (para evitar el paquete de 426 peticiones) para evitar el pago de costas. Pero no se ha librado, al menos en dos casos, en los que el tribunal condena al Consell a pagar 4.000 euros (2.000 euros por cada recurso).
En el caso de uno de estos dos recursos, la defensa de la compañía (Autos Andalucía Jaén SL) alegó que se debía condenar a costas al Consell porque la primera sentencia del Supremo sobre esta cuestión (en contra de los intereses de la institución insular y que sentaba jurisprudencia) se dictó el pasado 11 de junio, y el Consell renunció el 5 de noviembre, cinco días antes de la vista. Andalucía Jaén SL justificó que pese a conocer dicha sentencia, el Consell continuó con el recurso, y el estudio y el trabajo para oponerse a éste le supuso un coste.
El Consell formalizó en julio el recurso contra la sentencia del TSJB favorable a Autos Andalucía Jaén SL, y el 5 de noviembre renunció con el argumento de que el tribunal ya había dictado tres sentencias (11 de junio, 30 de septiembre y 7 de octubre) desfavorables a sus pretensiones. La institución argumentó que «no tenía sentido mantener una posición jurídica contraria a lo ya decidido» y solicitaba que no le condenase al pago de las costas puesto que había «reaccionado con rapidez al conocerse la postura definitiva del Supremo».
El alto tribunal español no lo vio así y obligó al Consell a pagar 2.000 euros de costas porque cuando presentó el recurso «ya se habían resuelto las dudas existentes por sentencia firme», la del 11 de junio, cuya resolución, pese a ser un recurso de la Comunitat Autònoma, debía conocer el Consell. «Pese a ello no desistió y al continuar con el recurso obligó a la parte a contestar al recurso, con los gastos y molestias que ello conlleva».
Vila se oponía a la retirada
Vila se oponía a la retirada
Por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Aitor Morrás, de Unidas Podemos, manifestó en el pleno municipal de octubre su oposición a que el Consell retirara los recursos en el Supremo. «Tienen una herramienta muy buena para retrasar desde el Consell [la entrada de VTC en la isla]. No retiren los recursos, alarguen todo lo que puedan esta situación. Que vayan cayendo las sentencias, pero no las retiren motu proprio porque, de lo contrario fomentarán la entrada más rápida de las VTC», dijo Morrás en una de sus intervenciones dirigiéndose al concejal de Ciudadanos Roberto Algaba, que es también director insular de Transportes en el Consell.
En ese momento, Morrás restó importancia al pago de costas, lo que el Consell quería evitar con la retirada de los recursos. «Pueden recaer costas, pero qué puede suponer una pequeña costa de un recurso comparado con el beneficio y la oportunidad de poder dar más tiempo al sector del taxi para adaptarse a la nueva situación», justificó entonces Morrás.
