La Dirección insular de la Administración General del Estado en Ibiza ha autorizado la marcha motorizada prevista para hoy a las 11 horas en Vila organizada por la Asociación de bares y restaurantes de Eivissa (ABRE).

Según informa la delegación del Gobierno, el promotor de la convocatoria «ha comunicado el horario de la manifestación y ha indicado que los participantes no saldrán de los vehículos, no habrá agrupamiento de personas en ningún momento y se cumplirán las medidas sociosanitarias dentro de los coches». La Dirección insular insiste en que «se deberán respetar las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias».

En cualquier caso, «el promotor tendrá que tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones de la autoridad sanitaria». Además, añade en una nota la Administración, «tanto el organizador como las personas asistentes a la marcha deberán atender las indicaciones de los responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad».

La asociación ABRE, organizadora de la caravana, explicó que el objetivo es la petición de «un plan urgente de medidas económicas para rescatar el sector hostelero».

ABRE planteó este acto de protesta ante las nuevas restricciones, que suponen el cierre de estos establecimientos en la isla, en nivel cuatro de riesgo por el covid. Aunque en un principio la movilización estaba prevista a pie, finalmente se hará en coche y variando el itinerario para «poder asegurar el máximo de precauciones para no propulsar la expansión del virus», informó ABRE.

Con este fin, la asociación decidió entonces convocar, «de urgencia», una caravana de coches en los que no podrá circular más de una persona, salvo en los casos en que los ocupantes del vehículo sean convivientes.

A las 11 horas, la caravana saldrá del parking del Pare Josep Manxarrell (detrás de Ikea, en es Gorg) para seguir por la avenida de Santa Eulària, Bartolomeu de Rosellói, calle del País Valencià, avenida de España e Ignaci Wallis hasta regresar al punto de partida. ABRE explicó que de esta manera esperaban «que nuestro derecho a manifestarnos por un plan urgente de medidas económicas para rescatar el sector hostelero se respete y nos dejen expresarnos, asegurando nuestro derecho constitucional».