La Guardia Civil ha denunciado este fin de semana a ocho ciudadanos extranjeros que celebraban una fiesta ilegal en una vivienda de Santa Gertrudis, en el municipio de Santa Eulària. Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 17 de enero. Las fuerzas de seguridad recibieron un aviso de que se estaba celebrando una fiesta en una casa y al lugar acudieron patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Santa Eulària.

Los agentes pidieron en varias ocasiones a los participantes que abandonaran la fiesta y éstos se negaron, según una nota remitida ayer por el Instituto Armado. Pasado el mediodía del domingo, los asistentes salieron por fin de la casa y fueron identificados por los agentes, así como el propietario de la vivienda, un varón originario de Países Bajos.

La Guardia Civil levantó actas de denuncia a todos los asistentes al encuentro, que se enfrentan a multas que pueden superar los 60.000 euros por cada hecho denunciado, ya que se consideran especialmente graves al producirse en un territorio como Ibiza, que en estos momentos se encuentra en el nivel 4 de alerta sanitaria. Las propuestas de sanción serán tramitadas por la conselleria de Interior del Govern balear.

Positivo en drogas

Positivo en drogas

En el comunicado de prensa, la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil señala que remitirá a la Delegación del Gobierno todas las denuncias formuladas contra los participantes en la fiesta, como presuntos autores de infracciones graves previstas en la ley orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Además, uno de los asistentes que se disponía a conducir fue sometido a un control y dio positivo por consumo de drogas, por lo que fue denunciado por los agentes de Tráfico.

La Policía Nacional estudia la posibilidad de expulsión del territorio nacional de los presuntos infractores, «que mantuvieron de manera persistente una conducta contraria al orden público, circunstancia que abre la puerta al planteamiento de dicha medida de expulsión del territorio nacional. Esta posibilidad está prevista en la normativa en vigor en materia de extranjería de la Unión Europea y afecta tanto a extranjeros nacionales de estados miembros como de terceros países», según el comunicado.

La Guardia Civil reiteró el llamamiento a la «responsabilidad» de los ciudadanos y recordó que «ninguna de las acciones o conductas que supongan un riesgo para el interés general, en este caso para la salud pública, quedarán impunes».

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