A partir del 1 de marzo todas las compañías aéreas y marítimas tendrán la obligación de verificar si el comprador de un billete es o no residente en las islas, y por tanto beneficiario del descuento del 75%, al final del proceso de compra, y no al principio como sucede ahora. El conseller balear de Vivienda y Movilidad, Marc Pons, explicó ayer en rueda de prensa que la ley de acompañamiento de los Presupuestos del Estado, que entró en vigor el pasado día 1, da dos meses de plazo a todas las compañías para modificar sus sistemas de venta de billetes de modo que los usuarios confirmen si son o no residentes en el último paso del proceso. Pretende evitar con ello un incremento desigual y encubierto de los precios.

Marc Pons recordó que ahora, al confirmar, en el primer paso de la transacción, si el comprador es residente, el algoritmo de las webs de las compañías de viaje aplica un precio más alto que el que abonan los clientes que no viven en las islas, que queda camuflado con el descuento del 75%. «El precio debería ser el mismo», resaltó Pons, que explicó que, como «todo el mundo sabe», el sistema está diseñado para «optimizar las estrategias comerciales».

«No debería pasar, pero pasa. ¿Por qué? Si eres residente, se aplica el 75% de descuento, por lo que aunque se suba un poco el precio inicial, éste sigue siendo atractivo. Además, los residentes, en un porcentaje alto, son clientes cautivos porque necesitan el avión o el barco para moverse al continente. Si el transporte es una necesidad, las compañías piensan que pueden modificar el coste. Son estrategias de venta. No descubrimos nada», agregó.

Libertad de precios

Libertad de precios

En todo caso, Pons puntualizó que las compañías pueden aplicar «el precio que quieran» porque operan «en un libre mercado». «Tienen autonomía total, pero esto provoca que el sistema sea imperfecto y que las compañías intenten aprovechar una parte del pastel de las ayudas del Estado para incrementar su cuenta de resultados, no para beneficiar a los pasajeros residentes», dijo, al tiempo que recordó que las compañías de transporte aprovecharon la subida del descuento de los residentes del 50 a 75% para subir los precios de los billetes. El conseller indicó que la asociación de agencias de viajes situó dicha subida en un 15-20%.

Pons destacó que, con la medida prevista en la ley de Presupuestos del Estado, «se protege más a los residentes». «¿Es la solución al problema? No, pero ayuda a solucionarlo. Y lo creemos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también proponía esta medida», dijo. A la pregunta sobre la posibilidad de que las compañías puedan subir el precio en función de la ubicación del ordenador desde el que se tramita la compra, Marc Pons no supo qué responder. El conseller anunció que próximamente se explicarán los detalles de la propuesta en la que el Govern trabaja para que se fije un precio máximo. También recordó que este año el Estado prevé 212 millones de euros para pagar el descuento de residente de los viajes en avión y 50,7 millones para los de barco. «Es mucho dinero. El 100% debería llegar al bolsillo de los residentes, pero vemos que una parte acaba en la cuenta de resultados de las compañías», lamentó.