El Ayuntamiento de Sant Josep defiende que las infracciones urbanísticas en suelo protegido, como es el caso del Parque Natural de ses Salines, «no prescriben nunca» de acuerdo a Ley de Urbanismo de Balears (LUIB).
Así, un portavoz del Consistorio restó importancia al hecho de que siete de los 11 expedientes abiertos en 2017 por la conselleria balear de Medio Ambiente por diversas infracciones urbanísticas en el Parque Natural hayan caducado porque se ha superado el plazo previsto para su tramitación.
La conselleria balear de Medio Ambiente lo atribuye, en algunos casos, a la falta de respuesta del Ayuntamiento de Sant Josep (en uno al Consell) a diversos requerimientos de información para tramitar las posibles sanciones.
De este modo, los expedientes iniciados por la conselleria de Medio Ambiente por irregularidades urbanísticas dentro del entorno natural, que han caducado por falta de tramitación, se pueden «reabrir», según el portavoz municipal. «Cualquier inconveniente [la falta de respuesta] es subsanable y no entendemos que se haya perjudicado la posible instrucción de las infracciones porque los expedientes se pueden volver a abrir».
De todos modos, el Ayuntamiento asegura que «se están revisando las comunicaciones recibidas para determinar qué ha sucedido en estos casos concretos». Acto seguido, justifica que «el departamento de Urbanismo va muy sobrecargado de trabajo» y que se da «prioridad» a los requerimientos de los juzgados.
El portavoz añade que, de manera general, las infracciones que el Consistorio detecta en el Parque Natural se remiten siempre a la conselleria de Medio Ambiente junto a los partes policiales y toda la información que se obtiene para «minimizar la necesidad» de que se tengan que aportar datos adicionales.
También apunta que, aunque se vela por el cumplimiento de los plazos administrativos, con «especial atención» sobre los que están a punto de agotarse, la caducidad de expedientes es una situación «no deseada» que también se produce en «alguna ocasión en esta Administración», que es la primera interesada en «llevarlos hasta el final», defiende Sant Josep.
Por su parte, el Consell explicó ayer que, en su caso, en 2019 abrió un expediente por una infracción en el llamado refugio 2 de Sant Francesc, después de que la conselleria balear de Medio Ambiente le advirtiera de la posible ilegalidad de dichas obras, y que requirió al Ayuntamiento para que le informara de si éstas contaban con licencia y si había abierto un expediente de disciplina urbanística. Un portavoz de la institución indica que se envió al Consistorio toda la documentación de la inspección que hicieron los técnicos del Consell y que no ha recibido respuesta alguna.
También avanza que la conselleria balear de Medio Ambiente no está a la espera de recibir información alguna por parte del Consell porque ésta no le requirió para ello, sino que le dio traslado de los hechos para que actuase.
