Desde que se pusieron en marcha los dispositivos conjuntos de todas las administraciones para controlar el cumplimiento de las medidas para evitar la propagación del covid, en el conjunto de Balears se han llevado a cabo 1.138 inspecciones, 263 en Ibiza y 58 en Formentera, y se han levantado 836 actas por incumplimientos de la normativa: 139 en Ibiza y 25 en Formentera.

Además, según explicó ayer en Ibiza la consellera balear de Administraciones Públicas, Isabel Castro, desde que el pasado mes de julio entró en vigor el decreto que regula las sanciones por saltarse las normas contra el covid, se han registrado un total de 6.564 denuncias en el conjunto del archipiélago balear, 5.808 a particulares y 756 a establecimientos.

En el caso de Ibiza, en este medio año se han producido 1.394 denuncias (1.252 a particulares y 142 a negocios diversos), y 150 en Formentera, con 147 a ciudadanos y tres a establecimientos. Actualmente, ya se han tramitado y notificado un total de 788 expedientes de infracción en Balears, 225 de ellos en Ibiza, con una propuesta de sanción económica de 867.225 euros y 360.001 euros, respectivamente.

La consellera balear de Administraciones Públicas recordó que las sanciones pueden llegar a ser de 600.000 euros y, además, el cierre de los establecimientos por un período de uno a tres años en el caso de las infracciones muy graves. Hasta la fecha se han clausurado cinco establecimientos en las islas: tres en Mallorca, uno en Ibiza y otro en Formentera.

También recordó Isabel Castro que se considera muy grave no sólo la celebración de fiestas en locales o viviendas privadas, sino también la organización y comercialización de las mismas, aunque al final no lleguen a celebrarse.

Castro se reunió ayer en la sede del Consell de Ibiza junto a la portavoz del Govern balear, Pilar Costa, y la delegada del Gobierno en Balears, Aina Calvo, con el presidente de la instititución, Vicent Marí, los cinco alcaldes de la isla, el coronel jefe de la Guardia Civil en Balears y el jefe superior de la Policía Nacional en las islas, así como los mandos de los dos cuerpos policiales en las Pitiusas, para analizar la eficacia en el control del cumplimiento de las medidas para evitar la propagación del coronavirus. También participaron los representantes de los principales sindicatos y patronales de la isla.

El antídoto: la responsabilidad

El antídoto: la responsabilidad

El presidente del Consell explicó que se acordó «redoblar los esfuerzos» y dar «más visibilidad» al trabajo de los inspectores y cuerpos policiales de las islas para controlar el cumplimiento de las medidas covid, aunque apeló, una vez más, a «la responsabilidad individual». «Es muy importante que la gente sea consciente de la situación en que nos encontramos. El gran antídoto ahora son las normas básicas que todos conocemos y que hay una minoría que no las cumple. No puede haber impunidad para estos casos porque nos ponen en peligro a todos», remarcó Marí, al tiempo que pidió que «se acelere el ritmo de las vacunaciones».

La consellera Castro dijo que se actuará con «contundencia» contra aquellos que no cumplen las normas y «ponen en riesgo la salud de todos». En este sentido, la consellera de Administraciones Públicas resaltó que, en ningún caso, las sanciones que se imponen tienen «un afán recaudatorio». También explicó que se reforzarán los controles en determinados puntos, que no quiso desvelar, a propuesta del Consell y los ayuntamientos.