Naihara Cardona Martínez (Ibiza, 1988), licenciada en Derecho y que luchó como activista contra los pisos turísticos desde la entidad Soluciones Legales para Todos, es ahora la responsable política de la Oficina Anti Intrusismo del Consell, un órgano desde el que sigue combatiendo esta lacra. En esta entrevista resalta las nuevas armas que ofrece la ley 2/2020 de Balears contra quienes explotan pisos turísticos y contra los taxistas piratas.

¿Cómo se materializarán las novedades introducidas en la ley 2/2020 para luchar contra los pisos turísticos?

La subida de las sanciones es un tema importante. Ya cuando las subimos a 20.000 fue un cambio significativo. Y ahora la subimos a 40.000 como sanción mínima... La verdad es que es como para pensárselo. Y es importante también que los inspectores no se tengan ya que identificar. El problema es que hasta ahora, cuando iban a inspeccionar un piso, se presentaban como inspectores y la persona que encontraban podía decir que ella era de París, que el otro era su primo... Cosas así, por ejemplo. Entonces, si no puedes demostrar que son turistas... Has de poder demostrarlo. Antes, la ley exigía que el inspector de turismo se identificara previamente como tal y eso frustraba muchas actuaciones inspectoras. Ahora, al no tener que identificarse, incluso pueden hacer reservas, crearse un perfil falso y hacer una reserva en Airbnb.

El hecho de que las multas puedan llegar ahora a un máximo de 400.000 euros ¿cree que desanimará a muchos infractores de seguir alquilando pisos a turistas?

Yo creo que sí. Pero creo que es más útil y disuasorio el hecho de que los inspectores no deban identificarse que el hecho de que la multa sea mayor. Es que la multa ya era grande, porque entre 20.000 y 40.000 euros ya era una multa importante. Hay gente muy profesionalizada que puede permitirse pagar estas multas; hay pisos de lujo para los que pagar 20.000 euros no les perjudica mucho, teniendo en cuenta su volumen de negocio. Pero 40.000 euros ya sale menos a cuenta...

Lo cierto es que cuando los medios de comunicación piden al Consell el balance de sanciones impuestas cada año por casos de pisos turísticos, resultan ser poquísimas. ¿Esto va a cambiar con estas modificaciones legales?

Es que si no se han puesto más multas no es debido a la ley. Es por una falta de gestión del departamento. Y digo falta de gestión, no falta de profesionalidad de los funcionarios, porque aquí hay gente muy buena y muy dedicada a trabajar. Puedo darle números si quiere, porque es que aquí antes no había ni estadísticas. En 2016 hubo ocho expedientes de intrusismo, en 2017 hubo 11, en 2018 fueron 16, en 2019 se pasó a 28. En 2020 ya llevamos más expedientes que en la suma de los cuatro años anteriores, a pesar del Covid. Antes no había departamento de Intrusismo, había uno de Ordenación Turística, en general. Ahora hemos sacado esa materia y hemos hecho un departamento de Intrusismo, que es independiente. Lo que pasaba antes es que se dedicaba mucho trabajo a cuestiones como que faltaban hojas de reclamaciones en un bar o que una habitación de hotel no tenía mueble zapatero... (son ejemplos que estoy inventando), cuando realmente tenemos un problema. Sí se tramitaba algún expediente de intrusismo, pero era un número irrisorio.

¿Era un tema de voluntad política?

Sí, de voluntad. Los funcionarios eran los mismos, no han cambiado y los inspectores también. De hecho, tenemos una inspectora menos, porque se ha jubilado y no hemos cubierto la plaza porque no nos hace falta...

¿No hace falta? ¿Es suficiente con la plantilla que tienen?

La de inspectores es suficiente. Lo que faltan son instructores. Tenemos cinco en total. Ahora hemos creado una plaza nueva para el año que viene.

¿Cree que aumenta la conciencia entre los propietarios de que no deben alquilarse pisos a turistas?

Desde que salió la noticia sobre los cambios legales que se han puesto en marcha, he recibido unas cuantas llamadas. A los propietarios no les gusta tener responsabilidad. Algunos dicen que no saben lo que se hace en su piso. Pero yo les digo: si usted tiene un hijo y hace un grafiti, si un policía lo pilla lo llevará a su casa y usted pagará la multa, porque usted se ha de responsabilizar de lo que haga su hijo menor de edad. ¿Tiene usted la culpa de que su hijo haya hecho un grafiti? No, pero es su responsable. Y si tiene un piso y lo alquila, ha de saber a quién lo alquila. Si usted alquila un piso y el inquilino le da 40.000 euros por adelantado para todo el año, pues ya huele un poco mal. Es muy fácil decir que 'yo no sabía'... Todos somos responsables de lo nuestro y quien tenga propiedades, que se ocupe de ellas.

A menudo se da la culpa únicamente a Airbnb, como si el propietario individual no tuviera esa responsabilidad...

El propietario individual, cuando puede meterse un dinero en el bolsillo, lo hace. Y no me parece mal que la gente quiera ganar dinero, pero que no digan que 'yo no lo sabía'. Ojo, que habrá casos en que, efectivamente, se alquila un piso a una persona aparentemente normal y luego pasan cosas... Llega a pasar. ¿Pero que el propietario es responsable solidario? Sí, lo dice la ley. Hay propietarios que están metidos en el ajo, y la idea es ir contra estos, no contra el pobre dueño que realmente no sabía nada y encima pone todo de su parte para arreglar la situación.

¿Entonces los verdaderos responsables de la situación serían estos propietarios y los 'anfitriones' que a veces explotan varios pisos al mismos tiempo, más que plataformas como Airbnb?

Es que las plataformas no son responsables. Ya lo ha dicho Europa, el Tribunal Superior de Justicia de Balears... Airbnb opera en todo el mundo y es imposible que tenga un control de la normativa local de cada sitio, de todos los anuncios que se ponen cada día... Ahora, lo que sí se han de comprometer es a que, cuando una administración le dice que hay un determinado procedimiento y una sanción porque un anuncio es ilegal, lo han de retirar. De esto sí son responsables. Pero ellos no comercializan nada. Únicamente ponen a disposición del usuario una plataforma para que pongan sus anuncios.

Y ahora se busca un entendimiento con esta empresa.

Lo cierto ese que cuando yo entré a ocupar este cargo en el Consell, lo primero que hice fue decir: hemos de negociar con Airbnb. Siempre es mejor llegar a un acuerdo. Tardé tres meses en poder hablar con ellos, para encontrar una persona con la que hablar. Me daban largas. Así que me fui a Barcelona y les pregunté qué les pasaba, que yo solo quería hablar con ellos. Tuvieron tan mala experiencia con el gobierno anterior que no querían saber nada. Les dije que no teníamos nada contra ellos, que queríamos unir fuerzas. Que ellos mantengan su cuota de mercado, que es lícito, pero que nos ayuden a nosotros a desarrollar nuestro trabajo.

En cuanto a los taxis piratas, la nueva ley les complica también la vida un poco más...

El problema era que cuando el propietario del vehículo es un 'rent a car', a las 24 horas [de haberlo requisado] tenías que devolvérselo otra vez. O sea, que si el pirata alquilaba un coche por un mes y lo pillabas, a las 24 horas ya tenías que devolverlo al 'rent a car' y el infractor alquilaba otro coche. En cambio ahora, si el coche se ha alquilado para un mes, estará retenido todo el mes.

Ustedes también pedían, aunque no se ha conseguido, poder hacer una lista de infractores para que los 'rent a car' los conozcan y hacer responsables también a estas empresas.

Claro, es que es muy fácil desde un 'rent a car' decir que no sabía que era para un taxista pirata. Y aquí hay 'rent a car' especializados en taxis piratas, que saben perfectamente a quién están alquilándoles los coches. O sea, que son cómplices. Los hay muy serios, por supuesto, que se cuidan de no alquilárselos, porque te desgastan el coche, hacen muchos kilómetros, etcétera. A los serios no les interesa.

¿Son muchos establecimientos los que están compinchados con los piratas?

No sé si son muchos, pero hay tres que sí. Y seguramente hay más.

También este caso los inspectores no tendrán que identificarse, pero ¿realmente no son ya conocidos por los taxistas piratas?

No tanto. Hay que tener en cuenta que muchas veces para llevar a cabo una inspección no es preciso que la haga un inspector, puede hacerlo la Guardia Civil de Tráfico y nosotros tramitamos la multa. No es como en el caso de los pisos, en que sí debe hacerlo un inspector.