Una nueva batería de medidas legales que ya están aprobadas y en vigor pondrá las cosas considerablemente más difíciles a los infractores en materia de viviendas turísticas, taxis pirata y vallas ilegales. Según han anunciado esta mañana el conseller insular de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, y la directora general de este área, Naihara Cardona, el Consell acaba de firmar un convenio con Airbnb mediante el cual esta plataforma se compromete a retirar los anuncios que incumplan la ley y, además, cederá los datos de los anfitriones de esos anuncios que actúan de manera encubierta, bajo seudónimo, "para que no puedan campar a sus anchas", han señalado. Entre esos datos figura su identidad real y sus cuentas corrientes.

El conseller ha explicado que ya se ha establecido un canal concreto para el suministro de esos datos y ha recordado que, de todos modos, la ley vigente obliga a cualquier entidad a entregar la información que en un momento dado le requiera la Administración. Tanto Mariano Juan como Naihara Cardona han calificado el convenio de "gran paso adelante que marcará un antes y un después en la lucha contra los pisos turísticos". También han destacado que en toda España Airbnb solo ha firmado un acuerdo de este tipo en la ciudad de Barcelona. La propia plataforma digital ha emitido también un comunicado felicitándose por el acuerdo y expresando su deseo de colaborar con la institución ibicenca.

A esta medida se añaden las novedades incluidas en la nueva ley 2/2020 para el impulso de la actividad económica, a instancias del Consell de Ibiza y que contiene diversas acciones para endurecer la lucha contra el intrusismo en esta y otras materias. La norma entró en vigor en octubre. Una de las novedades más relevantes que, a partir de ahora, el propietario de una vivienda en núcleo urbano que se explote como piso turístico será considerado también responsable de la infracción, y no solo el explotador. La multa máxima, que antes era de 40.000 euros, pasa a los 400.000, indicaron Cardona y Juan.

"A partir de ahora presentar un contrato de arrendamiento no será suficiente", han añadido, puesto que este era un pretexto habitualmente empleado por algunos propietarios que actuaban en connivencia con el explotador de su piso. El dueño del mismo pasa a ser considerado responsable subsidiario, junto con el explotador.

Además, la nueva ley incluye otra de las peticiones presentadas por el Consell, que es la posibilidad de que los inspectores de turismo puedan hacer reservas de pisos turísticos y visitas de forma encubierta, al objeto de garantizar la eficacia de su labor. La misma medida ha entrado en vigor para los inspectores de transporte por carretera en el caso de los taxis pirata. A partir de ahora, no tendrán la necesidad de identificarse como tales, y podrán hacerse pasar por clientes. Quienes promuevan grupos de wathsapp para reservar taxis piratas serán ahora también objeto de sanción, entre otras medidas.

En cuanto a las vallas publicitarias, también ha entrado en vigor la imposición de multas coercitivas al propietario de estas instalaciones que, teniendo orden de desmantelarlas, incumpla ese deber. Cada día que pase sin que se retire la valla recibirá una sanción por importe del 50% del valor de la multa, hasta diez veces consecutivas. Esta sanción es aparte de las que correspondan por la Ley de Carreteras.

El conseller, sin embargo, ha lamentado que el Govern no haya aceptado la petición de que se puedan clausurar de forma rápida los pisos turísticos sancionados para garantizar el cese efectivo y permanente de la actividad. Mariano Juan dijo no haber recibido ninguna explicación por parte del Govern sobre esta negativa, que permitiría aligerar el "largo procedimiento" que ahora se requiere para clausurar estos pisos, una vez sancionados.