El Ayuntamiento de Sant Antoni, con la colaboración de la concesionaria del servicio de agua del municipio (la empresa Facsa) ha iniciado un estudio sobre la incidencia del Covid-19 en las aguas residuales con la finalidad de reforzar la detección temprana de posibles brotes.
El proyecto, que recibe el nombre de 'Covid Water', busca mejorar la capacidad preventiva para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2. Según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado, el proyecto, que tiene una duración prevista de nueve semanas, contempla la toma de un total de 27 muestras en cinco puntos del municipio seleccionados en base al caudal circulante y al interés epidemiológico.
El principal objetivo es cuantificar la presencia del virus en las estaciones depuradoras de agua residual y las redes de alcantarillado, lo que permitirá hacer un seguimiento centralizado a nivel poblacional de los asentamientos urbanos, siendo un complemento de gran utilidad en el seguimiento de la presente pandemia y la prevención de futuros brotes por esta enfermedad.
El estudio permitirá evaluar el estado actual de los niveles de carga vírica y su evolución hasta finalizar el año mediante la elaboración de un mapa epidemiológico, en el que se combinarán los resultados experimentales obtenidos por análisis en el agua residual, junto a los que resultan del diagnóstico clínico que publican las autoridades sanitarias.
De esta forma, se espera poder ver la evolución de la pandemia y colaborar en la aportación de indicadores que faciliten la toma de medidas, como distanciamiento o confinamiento social, para la contención de la propagación del virus. La información obtenida será integrada en la herramienta digital 'Covid Water', creada para la gestión y visualización de los datos recopilados sobre la detección de SARS-CoV-2.
El importe para la ejecución del proyecto proviene del canon anual de mejora de las infraestructuras hidráulicas previsto en el pliego de cláusulas administrativas, que establece que se deberá destinar una inversión mínima del 10% del importe facturado durante cada ejercicio a la mejora de las infraestructuras hidráulicas.
