El miedo al desahucio, a quedarse en la calle, sin casa, en Ibiza y en tiempos de pandemia cae sobre los hombros de once familias de Cala de Bou, 33 personas en total, nueve menores de edad, entre ellos varios niños pequeños. Cada mes pagan el alquiler, que en 2018, con la ayuda del Consell de Eivissa, pactaron con la propiedad. Pero ahora, incluso cuando, en algunos casos, el contrato de arrendamiento sigue en vigor, reciben burofaxes y llamadas telefónicas advirtiéndoles de que se tienen que marchar. «Esto es acoso», señaló una de las personas afectadas.

Las advertencias que reciben los vecinos, tanto las telefónicas como los burofaxes, llegan desde Solvia, la inmobiliaria que creó el Banco Sabadell, con cuyo servicio de comunicación intentó contactar ayer Diario de Ibiza, sin éxito, a través de varios números de teléfono, de Barcelona, Alicante e Ibiza.

Los inquilinos ya no están seguros de a quién pertenecen en la actualidad estos pisos, situados en el número 14 de la calle Lugo de Cala de Bou, pero sí tienen claro que quien les atosiga es Solvia, que les pide que entreguen las viviendas y las dejen a disposición de Promontoria Coliseum Real Estate SL

En estos cuatro bloques de pisos de Cala de Bou hay propietarios, arrendatarios y okupas. A estos últimos, poco a poco, les han ido desahuciando, y cuando los pisos quedan vacíos se sellan con puertas blindadas.

La convivencia entre los moradores es buena, explicaron ayer por la mañana algunas de las vecinas que reciben los avisos de Solvia. «Nos ayudamos entre los vecinos», dijo Sonia, que tiene dos niños pequeños y, según sus propias palabras, «mucha suerte», porque paga 600 euros por un piso con una habitación y dos terrazas.

A su vecina Alba se le acabó el contrato el 31 de septiembre, pero en julio ya recibió un burofax de Solvia pidiéndole que deje la casa libre. «Todos los meses ingreso 660 euros a Promontoria Coliseum, que viene del Banco Santander, porque cuando ingreso a Coliseum también aparece el Banco Santander, aunque quien nos envía los avisos a los vecinos es Solvia», recalcó la mujer.

«Ofertas»

Alicia, otra vecina que asegura que aún le queda un año para que venza su contrato de alquiler, ha recibido varias llamadas animándole a que vaya preparando la salida. Hasta ahora, explicó ayer Alicia, ha tenido llamadas con dos tipos de «ofertas». «En una me ofrecen dinero para que me vaya y deje el piso libre, y en la otra me dicen que busque otra vivienda y que ellos me ayudan a pagar la entrada», detalló.

Laura, otra de las vecinas, no ha recibido «por ahora» ni llamadas ni burofaxes. «No sabemos por qué a unos sí y a otros no, y desconocemos si es legal que se hagan este tipo de llamadas», dijo.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos explicó que la promotora que ejecutó estas viviendas quebró y vendió al menos una parte de los pisos a Solvia.

En 2018 fue cuando los vecinos renegociaron sus alquileres con la intermediación del Consell y, actualmente, todo apunta a que están en manos de Promontoria Coliseum Real Estate SL, empresa que, según este sindicato, está relacionada con el fondo de inversión de Estados Unidos Cerverus.

Los residentes cuentan con el apoyo de la concejala de Vivienda de Sant Josep, Guadalupe Nauda, que ayer se refirió a la prohibición, por parte del Gobierno, de llevar a cabo desahucios durante el estado de alarma. Nauda recordó también que, en este caso de Cala de Bou, no se trata de pequeños propietarios particulares que dejan de percibir el dinero de sus alquileres, sino de grandes tenedores que en ningún caso han dejado de cobrar.