El equipo de gobierno del Consell, formado por PP y Ciudadanos, se pusieron de acuerdo ayer en el pleno, entre críticas y reproches mutuos, eso sí, para reclamar a la Comunitat Autònoma que pague una deuda pendiente con Ibiza desde hace casi dos décadas que asciende a algo más de 34 millones de euros, según los cálculos de los técnicos de la institución insular.
En concreto, el pleno aprobó por unanimidad la propuesta del PP y Ciudadanos para exigir el pago de la deuda contraída por el Govern con el Consell desde 2008 hasta 2013 a cuenta de la nueva ley de financiación de los consells (las llamadas bestretes) y que, según la institución, se sitúa en 11,2 millones cuando la Comunitat Autònoma sólo ofrece 2,5 millones.
También se aprobó por unanimidad pedir al Ejecutivo autonómico una negociación para la firma de un convenio que regule el pago del 30% del coste de las infraestructuras de residuos de la isla que no hayan recibido subvención alguna de la Unión Europea y que, según los cálculos del Consell, supone un total de 23,2 millones de euros.
El plan director sectorial de gestión de residuos en la Pitiüses aprobado por el primer gobierno progresista en 2003 preveía que la Comunitat Autònoma asumiría la financiación de 30% de las infraestructuras no subvencionadas por Europa previstas en el vertedero de Ca na Putxa, pero establecía un plazo para la firma de un convenio entre las dos partes, que no se hizo. En 2007, los gobiernos autónomo e insular firmaron un protocolo de intenciones que «no obliga a ninguna de las partes», según advirtió el conseller socialista Víctor Torres. El Govern se niega a cumplir su compromiso porque el convenio no se firmó en el año de plazo previsto del plan de residuos.
El conseller de Gestión Ambiental, Vicent Roig, destacó que el próximo mes se pondrá en marcha la planta de triaje (estaba ya prevista en el plan de 2003), con un coste de 43 millones de euros, cuya amortización íntegra deberán asumir «los ciudadanos de la isla a través del recibo de la basura». Por ello, Roig destacó que si se firmara un convenio con el Govern por el cual éste se comprometiera a pagar los 23 millones, se podría reducir la repercusión del coste de la planta de triaje.
Sobre las bestretes, pese al acuerdo alcanzado, el portavoz del PSOE, Vicent Torres, echó en cara al PP que es por culpa de la ley de financiación de 2014, auspiciada por el entonces conseller balear de Hacienda José Vicente Marí Bosó, actual senador y presidente del PP de Ibiza, «la situación de bloqueo». «Marí Bosó se preocupó de blindar los intereses económicos del Govern en lugar de mejorar la financiación de los consells». le reprochó Torres.
Crítica a la falta de proyectos
Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Viviana de Sans, reconoció que se tarta de una deuda del Govern que se debe saldar sí o sí, pero recriminó al equipo de gobierno que, en plena crisis sanitaria, económica y social, lleve meses sin presentar un solo proyecto propio para «plantar cara a la pandemia». «Ustedes se limitan a repetir que nuestro modelo turístico es el mejor del mundo y que no hay que retocar», criticó.
De Sans también criticó que ha llegado noviembre y «la gente sin techo seguirá en la calle porque aún no se han iniciado las obras del centro de baja exigencia provincial previsto en es Gorg». La previsión es que esté listo a finales de enero.
