Padres y madres de alumnos de Ibiza, en contra de la la orden que obliga a los niños a llevar mascarilla en el colegio, han presentado a la delegada de Educación en las Pitiusas, Margalida Ferrer, un total de 1.500 firmas que acompañan el recurso que han interpuesto ante la Conselleria de Educación para que elimine esta obligatoriedad.

El movimiento de padres y madres, que surgió en el colegio Torres de Balàfia, en Sant Llorenç, municipio de Sant Joan, ha informado a Efe este viernes en un comunicado que están preparando, junto a grupos de padres y madres de Mallorca, un recurso-contencioso administrativo contra esta normativa.

En la reunión, la delegada les ha trasladado la postura "clara y firme" de la Administración Pública de no modificar la norma balear sobre las mascarillas ya que las directrices técnicas desde Sanidad, tanto del Ministerio a nivel nacional como desde la conselleria de Sanidad a nivel balear, son "muy claras en este sentido", han informado los asistentes al encuentro.

El pasado 22 de septiembre, los padres presentaron recurso de reposición apoyado por 1.111 firmas de todo Baleares contra la obligatoriedad del uso de mascarillas para los alumnos de los centros educativos no universitarios de las islas.

El escrito está dirigido a la conselleria de Educación y pide revocar la resolución del 3 de septiembre de medidas excepcionales para hacer frente a la crisis sanitaria de la Covid-19 en el ámbito educativo, con el fin de que se establezca la "no obligatoriedad" del uso de las mascarillas.

Los firmantes consideran "injustificado" el uso obligatorio en niños y aseguran que supone un riesgo para su salud "no valorado a corto y largo plazo, como problemas cutáneos o infecciones bacterianas" además de "problemas respiratorios y psicológicos".

Hasta el momento, las firmas que secundan el recurso han aumentado hasta las 1.500, un "apoyo" que llega desde todas las Baleares y está permitiendo que desde Ibiza se organicen con grupos de padres y madres de Mallorca y con un despacho de abogados de Palma, que ya está preparando un recurso contencioso-administrativo contra la norma, anuncian en el comunicado.