El equipo de gobierno de Sant Josep califica de «muy grave» que el Consell rehúse «mojarse» con el problema de los apartamentos Don Pepe, en es Codolar, y se niegue a elaborar un informe técnico y jurídico para asesorar al Ayuntamiento. El primer teniente de alcalde, Ángel Luis Guerrero, del PSOE, cargó ayer con dureza contra el vicepresidente primero del Consell y conseller de Territorio, Mariano Juan, del PP, por tomar «la decisión política, sin el apoyo de ningún informe de sus técnicos, de que no hace falta que el Consell asesore al Ayuntamiento». Guerrero dijo que la respuesta de Juan (a la solicitud de ayuda del pasado 15 de julio), que despacha en «seis líneas», se basa en que esta cuestión «se dirime ya en los juzgados tal como dice la prensa». «Pero al Ayuntamiento no le consta eso», resaltó Guerrero.

El equipo de gobierno aprobó en el pleno, con el apoyo de todos los grupos, excepto del PP y Vox, que votaron en contra, reiterar la solicitud de colaboración del Consell, en concreto que «se pronuncie sobre la legalidad» de la rehabilitación de los edificios, parte de los cuales (20 pisos de un bloque) han sido desalojados por la amenaza de derrumbe. «Nosotros no tenemos dudas, pero para que los afectados no las tengan, pedimos este asesoramiento», dijo Guerrero.

El primer teniente de alcalde incidió en que se trata de un caso de «extrema gravedad y un drama humano sin precedentes en este Ayuntamiento cuyas consecuencias aún no se sabe cuáles pueden llegar a ser».Por ello, considera que el Consell, que «puede y debe pronunciarse», comete «un error». «El Consell ha de ser una institución seria. No es de recibo que Mariano Juan se escude en fundamentos vagos e inexactos para no pronunciarse», subrayó, al tiempo que agregó: «Me dicen que los técnicos [del Consell] no quieren firmarlo porque puede tener consecuencias».

El portavoz del PP, Javier Marí, cargó, en cambio, contra el alcalde, Josep Marí Ribas, al que acusó de utilizar el problema de los Don Pepe para impulsar su carrera hacia la presidencia del Consell. «Perdemos un alcalde y ganamos un opositor al Consell. A usted lo han votado para ser alcalde y dar soluciones a los ciudadanos», dijo.

Disciplina urbanística

El representante del PP reprochó al equipo de gobierno que pretenda que el Consell intervenga en este asunto por las competencias en disciplina urbanística que le confiere la ley urbanística de Balears, cuando «sólo el Ayuntamiento sabe si existe una licencia que ampare los dos edificios». «¿Pretenden que se abra un expediente de disciplina urbanística a un edificio construido en los años 60?», cuestionó Marí, que también preguntó si cabe la posibilidad de que «el Ayuntamiento se hubiera equivocado» y en su día sí concedió licencia para los dos edificios.

Dicho esto, el portavoz del PP reconoció que debe existir «colaboración entre administraciones» y presentó un acuerdo alternativo por el cual el Ayuntamiento solicitaba la ayuda del Consell con el compromiso de enviar toda la documentación, incluso la que obre en poder de los afectados, que emita un informe sobre las dudas que plantea y, por último, solicite al Govern balear que «se modifiquen las leyes autonómicas necesarias para que, en las construcciones e instalaciones de interés municipal o que afecten a numerosos vecinos del municipio que están fuera de ordenación, se puedan autorizar obras de consolidación y reparación». No sólo el equipo de gobierno, sino también la mayoría de los grupos de la oposición, rechazaron este último punto». «Me chirría», dijo el concejal de Proposta per Eivissa, Vicent Torres, que calificó este asunto de «pelea de gallos».

El edil de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats, aseguró que se quedaba «más preocupado» porque los afectados han perdido «el protagonismo» que tenían al principio y planteó que el Ayuntamiento solicite asesoramiento al Consell Consultiu de la Comunitat Autònoma.