Comerciantes y dueños de bares y restaurantes expresaron ayer su malestar por las nuevas limitaciones a la movilidad que entraron en vigor esta noche en Vila y Sant Antoni, por los perjuicios económicos que les ocasionará y coincidieron en exigir ayudas concretas por parte de las Administraciones para hacer frente a unas perspectivas que adivinan especialmente malas para los próximos meses.

«No compartimos en absoluto la toma de decisiones precipitadas y que no permiten margen de maniobra a un sector ya de por sí castigado por las medidas precedentes. Asistimos impasibles a la toma casi semanal de nuevas medidas que siguen restringiendo nuestra actividad, mientras otras actividades mucho más cuestionables se ponen en marcha», afirma la Asociación de Restauración de la Petita i Mitjana Empresa (Pimeef) en un comunicado. «Estas decisiones no consensuadas están llevando a la ruina económica a muchas familias y empresas, sin ofrecer ninguna alternativa que no sea la resignación y aceptación de las medidas», añade.

Por ello, reclaman «ayudas específicas, medidas consensuadas con las administraciones, reducción de tasas e impuestos y una legislación laboral que no penalice» este sector.

En parecidos términos se expresó el presidente de la Asociación de Comercio de la Pimeef, José Javier Marí, quien dijo que las restricciones recién estrenadas «generan desconfianza, pues la gente no saldrá siquiera a la calle». «No serán dos o tres, serán quince, con lo cual se terminará de rematar una mala temporada», añadió. De ahora en adelante «las cosas irán a peor», afirmó.

«Si los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se aplican sólo a las empresas turísticas, el comercio sufrirá una auténtica debacle», afirmó Marí, quien añadió: «Si no se plantea dar una serie de ayudas para el comercio, habrá muchos despidos y también cierres este invierno; seguro».

Operativo de control

Operativo de control

En cuanto al operativo desplegado anoche por las policías locales de Ibiza y Sant Antoni en las áreas afectadas por las nuevas medidas (en colaboración con la Policía Nacional y Protección Civil), estaba previsto que su labor fuera meramente informativa a los ciudadanos que no cumplieran con las nuevas normas, al menos durante la primera jornada. Así lo explicaron portavoces de los equipos de gobierno de ambos ayuntamientos.

También se ha procedido a distribuir cartelería informativa en las vías públicas para informar de las limitaciones en vigor y de aquellas actividades que, en cambio, pueden seguirse desarrollando.

En el caso de Ibiza, el dispositivo está formado por Policía Local, Policía Nacional, servicio de limpieza, informadores y miembros de Servicios Sociales. «Habrá patrullas de forma permanente en la zona, así como otros agentes que realizarán controles esporádicos y aleatorios para que se cumplan las medidas sanitarias de uso de mascarilla, no fumar en la calle, horario de cierre, número de participantes en reuniones y controlar también el cierre de parques infantiles y jardines. Asimismo, se refuerza la limpieza y desinfección en las zonas con mayor afluencia de personas y puntos estratégicos, como paradas de autobús o entradas de supermercados.

Reuniones con los alcaldes

Reuniones con los alcaldes

Ayer mismo, el alcalde, Rafa Ruiz, mantuvo una reunión telemática con vecinos y comerciantes del Ensanche de Vila, el presidente del Consell, Vicent Marí; la consellera de Presidencia del Govern, Pilar Costa y otros cargos autonómicos y municipales. «El objetivo de la reunión ha sido informar y mantener un diálogo estrecho y activo con el tejido asociativo y comercial y hacer entender a la población que es necesario contar con la colaboración de todos para frenar los contagios».

Mientras tanto, responsables sanitarios de al conselleria de Salud del Govern mantenían una reunión con el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, para explicarle las medidas y la situación sanitaria del municipio.

En las zonas afectadas por las limitaciones se restringe la entrada y salida de personas, pero se permite acudir al trabajo, ir a centros educativos, cuidar a personas mayores o dependientes, acudir a bancos o aseguradoras, realizar trámites ante organismos públicos, renovar documentación oficial y asistir a centros y servicios sanitarios.