El Gobierno y los ayuntamientos españoles lograron ayer desbloquear el uso de los remanentes económicos de municipios y consells, que permanecen sin poder tocarse desde la Ley Montoro del anterior Ejecutivo central. Sin embargo, las contrapartidas a este desbloqueo provocaron el fuerte rechazo de los partidos conservadores, PP y Ciudadanos, que hablaron de «expropiación» y «confiscación de los ahorros de los ayuntamientos». El PSOE, en cambio, incluyendo a los alcaldes de Ibiza y de Sant Josep, apoyó la medida.

La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó ayer el documento de Hacienda que permite a los ayuntamientos utilizar el superávit, pero lo consiguió con el único voto a favor del PSOE (Podemos se abstuvo) y se generó un empate en la votación, que tuvo que romper el voto de calidad del presidente, el socialista Abel Caballero.

El texto aprobado ofrece a aquellos ayuntamientos que pongan sus remanentes a disposición del Estado una aportación de los Presupuestos Generales de 5.000 millones de euros a fondo perdido e incorpora una «resolución política» de última hora que atiende a las entidades locales sin liquidez, uno de los puntos de más reivindicados por las formaciones políticas.

El acuerdo mantiene la propuesta de transferir a los ayuntamientos 2.000 millones de sus remanentes este año y 3.000 millones el que viene, y se compromete a la devolución del cien por cien de lo entregado en diez años, a partir de 2022.

El pacto entiende que los ayuntamientos podrán usar este dinero en actuaciones que se desarrollen en el ámbito de la agenda urbana, movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura, al objeto de que las entidades locales tengan un papel destacado en la reconstrucción del país tras la emergencia sanitaria.

También contempla con cargo a los presupuestos un fondo extraordinario de 275 millones para compensar el déficit de los servicios de transporte de competencia municipal durante la pandemia. Ese fondo se podrá ampliar hasta los 400 millones de euros.

Las reacciones desde Ibiza y Balears no se hicieron esperar. El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, dijo que los socialistas «ven con buenos ojos este acuerdo, necesario para poder dar servicio a nuestra gente en un momento de máxima dificultad».

«En la práctica, este acuerdo permitirá que, en esta legislatura, los ayuntamientos de las islas puedan destinar alrededor de 270 millones de euros más a políticas de proximidad y sostenibilidad», añadió Ruiz.

El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, por su parte, en un artículo que publica hoy este diario en su sección de Opinión, afirma que el acuerdo «puede ser un primer paso para usar un dinero que ahora no se puede tocar». «Es una salida, la primera que se plantea, la única hasta ahora, y había que estudiarla», añade, y agrega que esta «solución tiene la firma del PSOE, como siempre».

En cambio, el PP ibicenco salió en tromba criticando el acuerdo. El conseller de Urbanismo del Consell ibicenco, Mariano Juan, emitió un tuit diciendo: «Robar a los ayuntamientos es robar, por mucho que lo maquilléis». La consellera de Hacienda, María Fajarnés, no quiso ser menos y tuiteó: «¡Intolerable! Nos incautan nuestros ahorros». Javier Torres, conseller de Ciudadanos, hizo lo propio denunciando: «Se aprueba el expolio a las entidades locales. En lugar de desbloquear el 100% de nuestro dinero, pasaremos a convertirnos en prestamistas del Estado».

El grupo del PP del Consell de Ibiza emitió un comunicado en el que María Fajarnés afirma que el acuerdo «es un ataque a la autonomía de las entidades locales, como los ayuntamientos y el Consell de Ibiza, a los que exigen que paguen las facturas de Pedro Sánchez».

«No se puede admitir que después de tantos años sin poder usar los remanentes, ahora nos quiten nuestros ahorros», reiteró.