El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) tiene previsto reanudar las obras de la depuradora de Ibiza que se construye en sa Coma en febrero o marzo de 2021. Es la respuesta que dio ayer el conseller de Medio Ambiente del Consell, Vicent Roig, a una pregunta del grupo socialista en el último pleno del verano y que solicitaba información acerca de la situación de las obras que están paradas desde el mes de diciembre.

Los trabajos se paralizaron cuando la dirección general de Recursos Hídricos del Govern denegó la autorización al trazado de las canalizaciones de agua que conectarán la actual planta con la nueva. Este informe desfavorable obligó al Ministerio a realizar una modificación del proyecto, que, como explicó Roig, el Ministerio confirmó que ya había sido autorizada por la conselleria balear de Medio Ambiente.

Dicha modificación está ahora pendiente de la asignación presupuestaria, para lo que se está a la espera de los informes de la Abogacía del Estado y de la Intervención.

Por otra parte, el proceso de expropiaciones está en marcha y aunque en un principio el Ministerio quiso que se encargara la conselleria de Medio Ambiente, finalmente las asumirá el Estadodirectamente. Desde el Govern aclaran que no se han hecho cargo de las expropiaciones, puesto que por ley solo pueden expropiar para proyectos propios. Y aunque se barajó la posibilidad de pasar el proceso a través de Abaqua, Madrid, finalmente, encargó el trabajo técnico a la empresa pública Tragsa.

La previsión es que las actas previas de ocupación de los terrenos necesarios se puedan levantar en octubre, con la intención de llegar a acuerdos con los propietarios para acelerar el proceso.

Según relató el conseller Roig, el plazo de ejecución de las obras sería de 24 meses, con lo que la nueva depuradora de Ibiza podría estar acabada alrededor de la segunda mitad de 2023.

En la sesión plenaria de ayer se discutieron cuatro mociones, tres de Unidas Podemos (UP) y una del PSOE. Unidas Podemos presentó mociones relacionadas con la eliminación de barreras arquitectónicas, la creación de un plan extraordinario de creación de empleo y medidas para avanzar en la transición energética.

La moción acerca de la accesibilidad universal fue rechazada por el equipo de gobierno, a pesar de compartir los objetivos de la misma, para decepción del conseller podemista, Antonio Saucedo. Según el vicepresidente Mariano Juan, su grupo votó en contra porque las medidas solicitadas ya se están llevando a cabo.

La propuesta correspondiente a transición energética produjo algo más que decepción ya que se convirtió en un enfrentamiento entre Viviana de Sans y Vicent Roig. La moción incluía ocho puntos de acuerdo, de los que solo se aprobó uno. En él el equipo de gobierno se compromete a realizar un estudio de las zonas de desarrollo prioritario para la instalación de placas solares. De Sans acusó al equipo de gobierno de «reírse de la preocupación de su formación» por el tema y aseguró que les «da igual la transición energética». Por su parte, Roig acusó a De Sans de estar más preocupada por los «titulares y las tertulias» que en aprobar su moción. El conseller de Medio Ambiente propuso, entre otros cambios, añadir «instar al Govern» en el texto de dos puntos que hacían referencia a formación y talleres, por ser competencia autonómica. De Sans se negó y fueron rechazadas.

Algo similar sucedió con la propuesta de UP sobre empleo. María Fajarnés acuso al grupo morado de proponer acuerdos que suponen asumir competencias que no son del Consell,

La moción socialista hacía referencia a las colas en la Oficina de Atención a la Ciudadanía y solicitaba, en su primer punto, que se adaptasen los tiempos entre citas para reducir la colas. Este fue aceptado. Se rechazó el segundo por no haber todavía una solución que cumpla con las normas de seguridad y que pedía un cambio en el espacio de espera, y se aprobó el tercero para ir añadiendo trámites online como la obtención del certificado digital.