Un promotor inmobiliario detenido en Ibiza por colaborar activamente con la red, un peluquero investigado por blanqueo de capitales y participación en organización criminal y un exconseller de Industria sobre el que pesan indicios de haber percibido una comisión de 151.380 euros a cambio de las adjudicaciones del Plan Eólico. Son los tres grandes protagonistas de la última pieza abierta del caso Erial, que ha permitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estrechar el cerco sobre las prácticas de las que presuntamente se valió el expresident de la Generalitat, Eduardo Zaplana, para blanquear millones de euros a costa de adjudicaciones cocinadas en despachos.

El empresario ibicenco se llama Carlos Gutiérrez y, según la investigación, en 2009 abonó -a través de una de sus empresas- 2,2 millones de euros en concepto de trabajos ficticios de consultoría a la empresa holandesa Natland, destinataria del dinero que Zaplana habría amasado en Luxemburgo cuando decidió cambiar de gestor financiero. Poco después, la firma de Gutiérrez se declaró en suspensión de pagos y la administración concursal paralizó la salida de fondos, al no verlos justificados. Pero la intercesión del expresidente y sus relaciones en Bancaja habrían sido decisivas para evitar el proceso judicial y terminaron con un acuerdo que suponía el abono por parte de Natland de 860.000 mil euros a la masa de acreedores y con una refinanciación de 33 millones autorizada por el banco. En esas gestiones, la UCO ha hallado nuevos indicios del papel de Zaplana en la trama. Gutiérrez, además, habría participado de las ganancias del expresidente por un importe de 210.760 euros por el alquiler de dos embarcaciones de recreo con las que Zaplana viajó en cruceros con amigos, cuyo pago supuestamente tendría fines de blanqueo y procedería de actividades ilícitas, tal como sospecha la Fiscalía Anticorrupción. Las mercantil del empresario también se habrían utilizado para ocultar la adquisición de una embarcación de recreo y la procedencia del dinero que sufragó varios vuelos privados de Zaplana.

El peluquero de Aznar

El segundo actor principal de la nueva pieza de Erial es Pedro Romero, expeluquero y estilista de José María Aznar (y también de Zaplana), señalado como una pieza importante para ocultar la propiedad y el origen de los pagos bajo sospecha, dentro del entramado societario creado por el expresidente junto con Joaquín Barceló y Francisco Grau para canalizar de forma oculta las ganancias de origen presuntamente ilícito.

Una operativa que se habría mantenido hasta fechas recientes con la adquisición, en 2018 y 2019, de suelo público procedente de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana a través de sucesivas adquisiciones y participaciones de las que habría resultado beneficiaria la trama. La operación se registró en unos terrenos cuyo derecho de superficie había sido adjudicado en 2002 a una de las empresas ligadas a Romero en las inmediaciones de Terra Mítica para levantar hoteles. En el registro domiciliario practicado el pasado 12 de julio en el domicilio del peluquero, en Madrid, la Guardia Civil intervino 111.415 euros en efectivo y localizó tres cajas fuertes a nombre de su esposa cuya apertura fue requerida.

Por otra parte, las últimas diligencias practicadas por la UCO aportan indicios sobre el presunto pago de 151.380 euro por parte de una de las empresas adjudicatarias del Plan Eólico, Elecnor, SA, a una mercantil familiar supuestamente instrumental ligada al exconseller de Industria del PP, Fernando Castelló, entre 2011 y 2015. La citada sociedad carente de trabajadores y sus únicos gastos están relacionados con la adquisición de coches de alta gama y el pago de los estudios de la hija del exconseller, que participó activamente en la selección de las empresas concesionarias de los parques eólicos. La Fiscalía considera que dicho pago no parece tener otra justificación que una contraprestación por dicha adjudicación, materializada una vez Castelló abandonó la política. El exconseller está siendo investigado por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental.

El sumario incorpora varios documentos intervenidos en el ordenador del exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, dirigidos al expresident, que aportan prueban relevantes a la causa. En uno de ellos, de junio de 2003, García insta a su jefe a «dar un empujón» a Castelló para rematar una operación que suponía la incorporación de Transvía al Grupo Guadalaviar (CAM, Acciona y Elecnor), beneficiario del Plan Eólico. A juicio de García, esta era la vía idónea para compensar a Transvía por su colaboración en la solución «del tema de las encuestas», que cifraba en «aproximadamente, 50 millones [de pesetas]». «Estamos en deuda con ellos», apostillaba en el mensaje. La UCO identifica ese débito con una serie de pagos por importe de 277.411 euros abonados en 2002 por el grupo empresarial Transvía a Demoscopia, SA, una firma dedicada a la realización de estudios de mercado y de índole electoral,. Dicha mercantil mantenía «importantes relaciones comerciales» con el PP, partido al que facturó 2,2 millones de euros entre 2001 y 2004.

Para los investigadores, las nuevas diligencias evidencian una «instrumentalización» del concurso eólico «con fines meramente personales o partidistas». En sus comunicaciones, el exjefe de gabinete también pide a Zaplana que» hable» con Vicente Rambla para abordar la posibilidad de beneficiar a Transvía en el concurso de mantenimiento de vehículos del parque móvil. «Se presentan como Vedat Auto», precisa García. El citado grupo se vio salpicado por el caso de cohecho que terminó con la condena del exvicealcalde de València, Alfonso Grau (PP), por recibir relojes de lujo de una contratista municipal.

Retorno del dinero

En la investigación tiene una especial relevancia la mercantil Costera del Glorio, SL, que podría haberse usado para posibilitar el retorno seguro de parte de los fondos ilícitos procedentes de paraísos fiscales a los destinatarios finales, incluido Zaplana. La UCO sospecha que el expresident podría ostentar de manera velada el 50% de las participaciones de dicha sociedad. La unidad policial aprecia indicios de la salida de ese dinero, que habría recepcionado a través de cuatro cheques la secretaria de Zaplana.

El exministro negó ayer haber recibido sobornos y defendió que nunca ha tenido cuentas en el extranjero. «Tras más de 5 años de investigaciones sigue sin aparecer nada que acredite mi intervención en los procedimientos administrativos seguidos», dijo.