Investigan si la APB otorgó una concesión en Formentera para favorecer a un empresario con problemas económicos

A medida que se escruta la documentación obtenida por la Guardia Civil en la operación liderada por la fiscal Laura Pellón, cobra fuerza la tesis de que Gual de Torrella se podría haber aprovechado de su cargo público de presidente de la Autoridad Portuaria -que ejerce desde agosto de 2015- para solventar problemas económicos derivados del descalabro de su empresa familiar de catering Menú, quebrada en 2013 y auxiliada por ISBA, entidad financiera sin ánimo de lucro que ayuda a las empresas a conseguir liquidez de bancos y cajas, mediante la concesión de garantías y avales.

Además de los casos de las instalaciones en Ibiza y Maó, otro de los focos del rastreo a los movimientos de la cúpula de la Autoridad Portuaria y a su presidente se localiza en la dársena de la Savina (llamada de Levante) del puerto de Formentera. Esta instalación había sido gestionada desde 1993 por Formentera Mar, entidad que deseaba continuar mediante una prórroga. La Autoridad Portuaria desatendió la petición y en diciembre de 2018 otorgó por una año (más otro prorrogable) la explotación de la dársena para embarcaciones menores a Desarrollos Concesionales Insulares S.L. (Decoin), presidida por Eduardo Soriano, quien compatibilizaba este cargo con sus responsabilidades en ISBA, a cuya presidencia había ascendido siete meses antes. El canon establecido alcanzaba los 813.936 euros y le otorgaba autorización para explotar una superficie de 12.492 metros cuadrados, el edificio A de servicios, el edificio de Torre de Control, los vestuarios y aseos adyacentes de la zona de dominio público portuario asociado a la dársena pesquera del puerto de la Savina. El espejo de agua contemplaba 91 puestos de amarre.

El desalojo de la anterior concesionaria se vio envuelto en una agria polémica y acusaciones cruzadas, además de provocar un litigio judicial. Los trabajadores del antiguo concesionario acudieron a los tribunales por incumplimiento de la legislación laboral, al no contemplarse la subrogación del personal. El Tribunal Superior de Justicia de Balears dio la razón a los doce empleados y obligó a Decoin a readmitir a la plantilla y al pago de los salarios atrasados, extremó que irritó a Soriano por el quebranto que suponía para los números de su empresa. En septiembre del pasado año, cuatro meses después de este contratiempo, ISBA, con él al frente, ejecutó la deuda contraída por Menú, la empresa de Gual de Torrella, con la entidad. El pasivo ascendía a 987.617 euros, a los que se sumaban otros 194.062 de intereses y costas. El descalabro acabó en una ejecución hipotecaria, para el que Gual de Torrella y familiares aportaron un piso de la calle Aragón valorado en 370.345 euros a efectos de subasta. Los investigadores siguen el rastro de otros movimientos económicos del presidente de la Autoridad Portuaria para liquidar el monto restante de la deuda contraída y pendiente de liquidación.

Desarrollos Concesionales Insulares fue creada en diciembre de 2015, cuatro meses después de que Gual de Torrella asumira el mando de la Autoridad Portuaria a propuesta de la presidenta Francina Armengol y con el visto bueno del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Su presidente, Eduardo Soriano, un hombre de larga trayectoria empresarial, inició su carrera profesional ocupando cargos directivos en empresas del sector del cemento integradas en su momento en la Corporación Industrial Banesto. Posteriormente, fue fichado por el grupo Fontanet, la firma más destacada en la isla del sector agroalimentario, además de emprender aventuras empresariales propias, y presidir ISBA.