Debido a la avalancha de peticiones de justificantes médicos que les eximan de llevar la mascarilla desde que se ha impuesto su uso obligatorio en la vía pública so pena de multas de hasta cien euros, el Servei de Salut ha decidido poner al alcance de los ciudadanos una autodeclaración responsable en la que el firmante asegure que cumple «alguna de las condiciones clínicas en las que no es exigible usar mascarilla», tal y como reza literalmente el documento reproducido al lado.

Esta iniciativa fue comunicada el pasado lunes a las diferentes gerencias asistenciales por Eugenia Carandell, directora asistencial del IB-Salut, en los siguientes términos: «En relación con el uso obligatorio de máscara y la solicitud de algunos usuarios de ser eximidos de su uso mediante certificado médico, el Servei de Salut ha decidido, de acuerdo con las directrices de la conselleria de Salud, redactar un formulario de autodeclaración de estado de salud como eximente del uso de mascarilla».

«De este modo», concluye, «el ciudadano que lo desee firmará su propia declaración sin necesidad de acudir a un centro sanitario en busca del justificante». Carandell informa de que los formularios estarán disponibles en la web del IB-Salut y en enlaces de las webs de las diferentes gerencias para que los ciudadanos interesados se lo descarguen y lo impriman para llevarlo encima en caso de requerimiento policial.

Responsable de su veracidad

Para los usuarios menos digitales, la directora asistencial recomienda «que haya ejemplares en papel en los centros para entregar en mano a quien lo solicite». Concluye Carandell aconsejando «recordar al usuario que debe llevarse esta declaración para mostrarla cuando sea requerida y que es responsable de la veracidad de la misma».

Preguntado el Servei de Salut por los motivos por los que había impulsado esta autodeclaración responsable, respondió que ha adaptado estas medidas para agilizar los trámites al ciudadano. No obstante, pidieron que no se banalice este asunto ya que, subrayaron, «cualquier excepción debe estar justificada porque el hecho de no llevarla supone un riesgo para la salud propia y la de los demás. Se permite en aquellos casos muy justificados y excepcionales: esto es, en aquellos pacientes en los que el beneficio de la exención sea superior al riesgo de no llevar la mascarilla. Por ejemplo, una enfermedad pulmonar grave o una patología cardíaca grave».

En la autodeclaración figuran otras patologías que justificarían la exención de llevar la mascarilla como alteraciones faciales importantes que impidan ajustársela bien; trastornos del neurodesarrollo asociados a alteraciones conductuales y deterioro cognitivo o trastorno mental grave.

Pero lo que llama la atención es que estas patologías que permitirían ir a las personas que las padecen sin mascarilla han sido consensuadas por los «expertos del Servei de Salut siguiendo las recomendaciones del... Minnesota Department of Health», aclara el documento.

Recomendaciones de Minnesota

Preguntado por qué se han seguido las recomendaciones de este estado de la América profunda que, si bien no es feudo del declarado antimascarilla Donald Trump sí ha cobrado notoriedad últimamente por el asesinato de corte racista del afronorteamericano George Floyd a manos de la policía, el IB-Salut se limitó a reiterar que han seguido sus pautas respecto a las exenciones a aplicar en el uso de estos elementos.

No obstante, este diario recabó la opinión de algunos médicos de Atención Primaria que confirmaron que muchas de las atenciones telefónicas que realizan versaban sobre cómo podían obtener un certificado que les eximiese del uso de la mascarilla alegando como motivo principal la mayor parte de las ocasiones «porque les molestaba».

«Algunos compañeros han llegado a citar a algún paciente que declaraba que no podía respirar con la mascarilla para demostrarle con un pulsioxímetro que su oxigenación era normal llevándola», explicaron. Lo que sí acordaron la mayoría de ellos es negarse a facilitar estos certificados sin unos protocolos claros sobre qué patologías debían excluirse.

Y lo que ahora temen con estas autodeclaraciones es que la demanda ciudadana troque en peticiones policiales ya que el documento establece en su último punto lo siguiente: «Soy consciente de las responsabilidades que podrían exigírseme por la inexactitud de la declaración y de que es posible que las autoridades requieran que un facultativo refrende la veracidad de esta declaración».