Las irregularidades e ilegalidades en Casa Lola han provocado ríos de tinta desde 2010 no solo en las páginas de los medios de comunicación, también en expedientes, denuncias e informes del departamento de Urbanismo y de la Policía Local de Sant Josep, sin olvidar la causa y las investigaciones judiciales. Con una sentencia que avala el derribo de los elementos que carecen de licencia urbanística y varias multas y expedientes por cuestiones turísticas, Casa Lola cobra de nuevo protagonismo estos días por la celebración, este lunes, de una fiesta en un pub ilegal habilitado en una estructura que tiene orden de derribo por haberse construido, informa el Consistorio, sin las licencias correspondientes.
Desde el Ayuntamiento, su concejal de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero, confirmaba ayer una nueva infracción, tan solo 24 horas después del desalojo de la fiesta ilegal. La Policía Local volvió a acudir a la vivienda por quejas por música. Y aunque no pudieron entrar, se ha abierto un nuevo expediente de sanción.
«Casi nunca nos dejan entrar, pero el lunes se dejaron una puerta abierta y la Policía Local y la Guardia Civil accedieron a las zonas comunes del complejo, respetando siempre la inviolabilidad de las diferentes viviendas de la finca», aclara Guerrero.
«Mala conducta y actitud»
La valoración que hace Guerrero de la situación de esta vivienda y sus continuas infracciones es negativa, porque «el 99,9% de la gente comprende la situación del coronavirus y luego hay casos aislados cuyas acciones perjudican al municipio y a la isla».
Además, el teniente de alcalde afirmó: «Están dando una imagen muy negativa. Hay por su parte una muy mala conducta y mala actitud. La verdad es que estoy muy enfadado porque no puedo entender que en esta situación en la que debemos tratar de transmitir una sensación de seguridad, haya quienes se crean los más listos del lugar».
La batalla del Consistorio con la propiedad de Casa Lola y de otras, como Casa Paola o Casa Rocío, viene de 2010, a pesar de lo cual Guerrero asegura que este rosario de infracciones, «parará».
La administradora de Inversiones Hoteleras El Faro, Francisca Sánchez Ordóñez, conocida como Paquita Marsans, fue detenida en Eivissa en 2013 en cumplimiento de una sentencia firme que la condenaba a dos años de prisión por defraudar 867.469 euros a la Hacienda Pública. Cumplió diez meses de condena en Eivissa. Las propiedades acumulan expedientes de disciplina urbanística, dos sentencias judiciales, multitud de sanciones...
Guerrero explica que esa aparente impunidad no es tal: «Al final lo paras porque tienes razón y la Justicia te da la razón. Lo que ocurre es que en este país tenemos un sistema judicial muy garantista de las libertades, lo cual está bien. Tras un año y pico o dos de tramitar del expediente urbanístico, eso llega a los tribunales y tiene su proceso. El problema es que a veces se alarga y se producen situaciones de un cariz casi cómico. Porque es muy difícil de explicar. Está claro que esas garantías deben existir, pero en casos como este, tan claros, debería de ser menos complejo llegar a una resolución».
Expedientes que se acumulan
Después del primer intento en 2010, el Consistorio volvió a la carga en 2013. Abrió otro expediente de disciplina urbanística y llevó el caso a la Fiscalía y luego al juzgado de guardia.
Tras varios años de tramitación judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Balears le dio la razón al Ayuntamiento y ahora está pendiente de resolver el recurso de casación interpuesto por la propiedad. Sin sentencia firme no puede haber derribo. «Cuando se cierre el proceso judicial, si la propiedad no ejecuta el derribo, pediremos orden judicial para entrar, llevar a cabo el derribo nosotros y luego repercutir los gastos a la propiedad», explica Guerrero, que además confirma en que los dueños no han abonado ninguna de las multas impuestas por el Ayuntamiento.
Medio millón en sanciones
En la actualidad, la propiedad de Casa Lola acumula casi 500.000 euros en sanciones. «Hay cuatro sanciones de 2019, más las que tenemos de este año que se deben incorporar. Son multas por cuestiones urbanísticas, vertidos ilegales, fiestas, música e impuestos impagados», señala Guerrero.
En cuanto a las intervenciones derivadas del presunto uso turístico irregular y la infracción de las normas por el coronavirus el pasado lunes, los agentes de la Policía han tenido que lidiar con múltiples actitudes, detalla el concejal. «Hay gente que lo entiende y otros se enfadan porque están de vacaciones. El otro día en Casa Paola no enseñaron un contrato por 15 días por unos 115.000 euros, que ya hemos puesto en conocimiento de Turismo, claro. Pero también hay mucha gente que no nos toma en serio cuando vamos y multamos. Porque la mayoría de sanciones que pusimos el lunes cuando se desalojó la fiesta ilegal fue a la gente que había dentro y que no llevaba mascarilla», aclara el concejal de Urbanismo de Sant Josep.
