El Govern balear no sólo sancionará a los organizadores, promotores y comercializadores de fiestas ilegales sino que también multará a los asistentes. Así lo anunció ayer en Ibiza la consellera balear de Administraciones Públicas, Isabel Castro, tras la reunión celebrada en el Consell con alcaldes y representantes municipales de la isla para explicarles las nuevas medidas coordinadas desde el Govern para contener la pandemia del coronavirus. Tanto ella como el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, dejaron claro que el objetivo de estas medidas es «disuasorio» y que, a pesar de la cuantía que pueden alcanzar las sanciones, no se ha diseñado «con ánimo recaudatorio». «La intención es que las sanciones sean importantes para quien se arriesgue a organizar estas fiestas», señaló el presidente.

Asistir a una de estas fiestas se considera una infracción grave, por lo que se les podría llegar a multar con 60.000 euros. Una cuantía considerable, aunque lejos de las previstas para organizadores y comercializadores, que podrían alcanzar los 600.000 euros al considerarse muy grave.

«El sábado teníamos en la isla diez contagiados por un brote originado en una celebración en un chalet», indicó el presidente del Consell que, igual que Castro, acudió al encuentro con mascarilla. Marí reconoció que la preocupación del Govern por las fiestas que puedan celebrarse en casas en el campo con un elevado número de asistentes es especialmente alta en el caso de Ibiza y calificó el decreto que sancionará estas actividades e incumplimientos de «necesidad evidente».

Castro señaló que las sanciones previstas oscilan entre los cien euros por no llevar la obligatoria mascarilla, que empezarán a ser efectivas a partir del próximo lunes, y los 600.000 euros previstos para las infracciones más graves. Además, se podría decretar el cierre y cese de la actividad de negocios y alquileres turísticos durante tres años que se mantendrían, incluso, aunque se traspasara, se vendiera o se cambiara el nombre de la empresa.

Para velar por el cumplimiento de las normas y abrir las actas que deriven en esas sanciones, explicó Castro, se han constituido unos equipos formados por inspectores y efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Además, en estos momentos se está trabajando en un «modelo estándar» para tramitarlas todas de la misma forma. Estos equipos ya han comenzado a trabajar este fin de semana «para evitar que el incumplimiento de unos pocos suponga un riesgo para todos los ciudadanos», indicó.

Isabel Castro señaló que los efectivos «son los que son», pero confía en que estos equipos serán «eficientes». De la misma manera, la consellera reconoció que no pueden entrar en ninguna vivienda particular sin una autorización judicial, por lo que uno de los objetivos que se han marcado es tratar de avanzarse a esos eventos, analizando constantemente las redes sociales para prever dónde y cuándo se están organizando esas celebraciones. Y, al mismo tiempo, ponerse en contacto con los juzgados para pedirles que actúen de urgencia en estos casos. Será la abogacía de la Comunitat Autònoma, indicó la consellera, quien hablará con jueces y fiscales para que firmen la autorización judicial para cada una de las celebraciones multitudinarias de las que se tenga constancia. Por esto, insistió, es importante estar al tanto de las redes sociales, con el objetivo de poder pedir la autorización para acceder a las viviendas con tiempo.