El secretario municipal de Sant Antoni reconoce que el Ayuntamiento «debió exigir» en 2014, antes de conceder la licencia para el restaurante y la piscina de olas del actual beach club Bam-Bu-Kubeach club, en sa Punta des Molí, las cesiones de viales y zonas peatonales previstas en la unidad de actuación de esta parcela, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La licencia la concedió el anterior gobierno del PP, presidido por Pepita Gutiérrez, en enero de 2014. En su informe, el secretario apunta que si el Ayuntamiento considera ahora que las licencias están «mal otorgadas», el procedimiento para «corregir esta situación» es el de «la revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho».
El funcionario, en cambio, rechaza que ahora, en la tramitación de la modificación de la actividad autorizada, con títulos habilitantes, el Consistorio pueda «oponer el cumplimiento de unas obligaciones que debió exigir hace años». Con este argumento, el secretario concluyó que se debían echar atrás los tres informes municipales (de una arquitecta y una ingeniera técnica y de la jefa del departamento de Urbanismo y Actividades) desfavorables a la reforma solicitada por la promotora del beach club, que funciona desde junio de 2014. El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Costa, así lo ha ordenado.
El PSOE ha denunciado que el equipo de gobierno ha permitido la reapertura de este establecimiento turístico pese a que las reformas acometidas no contaban con la preceptiva autorización municipal. Se da la circunstancia, además, de que el Consistorio ordenó la suspensión de las obras en enero de este año e inició un expediente de restablecimiento de la legalidad (que es el objeto de los informes contradictorios).
Ni el alcalde, Marcos Serra, ni el concejal de Urbanismo atendieron ayer la llamada de este diario para explicar por qué se han ejecutado obras pese a la orden municipal de suspensión. Una portavoz municipal insistió en que «hay pendiente una inspección para comprobar» si se ha cumplido.
El primer teniente de alcalde, Joan Torres, de Proposta per Eivissa, socio de gobierno del PP, manifestó precisamente su «preocupación» por el hecho de que «se hayan continuado las obras a pesar de que se había ordenado su paralización». Este local de ocio abrió sus puertas el pasado 23 de junio y, dos días después, en el pleno, el alcalde, en respuesta a una pregunta de PSOE- Reinicia, dijo que «este nuevo restaurante trabajará con las licencias que correspondan».
Torres también asegura estar preocupado por el hecho de que en el año 2014 el Ayuntamiento pudiera haber concedido «mal» esta licencia y por «los informes contradictorios de los funcionarios» del Ayuntamiento. El primer teniente de alcalde asegura que habrá «una inspección inmediata», cuyo resultado marcará «las decisiones a tomar».
Cs pide «contundencia»
Cs pide «contundencia»
Del mismo modo, el segundo teniente de alcalde, José Ramón Martín, de Ciudadanos, indicó la importancia de la inspección que se llevará a cabo probablemente mañana para evaluar el alcance de las obras ejecutadas sin autorización municipal. A pesar de que el establecimiento inauguró la temporada el 23 de junio (en enero se decretó al suspensión de las obras), hasta ahora no se había ordenado ninguna inspección del beach club, según las fuentes consultadas.
Martín sostiene que el Consistorio debe actuar «con contundencia» en el caso de que se haya producido alguna ilegalidad. «Esta cuestión mi partido la tiene más clara que el agua. Si se detectara algo ilegal y no se actúa, afectará al pacto de gobierno. El procedimiento aún está abierto», indica el socio de gobierno del PP.
También destaca que el informe del secretario señala que la ley de Urbanismo de Balears, de 2017, permite que el Ayuntamiento tramite un expediente independiente para obtener las cesiones obligatorias de terreno que aún no se han formalizado, sin afectar a la reforma del local. «Estaremos encima de todo esto. No querríamos que se convirtiera en otro caso chiringuito [en referencia al de Cala Gració]», subrayó Martín.
