El decreto ley aprobado ayer por el Govern, por el que se establece el régimen sancionador por incumplir las medidas sanitarias en Balears para prevenir el contagio del coronavirus, contempla multas de entre 100 euros, las más leves, a 600.000 euros para las infracciones más graves, entre las que se encuentra la comercialización de fiestas en espacios públicos y domicilios privados en las que se produzcan aglomeraciones.
El decreto, además, incluye para los casos de infracciones muy graves la posibilidad del cierre del establecimiento o local y la prohibición de reabrir durante tres años. En el caso de las viviendas de alquiler vacacional en las que se produzcan infracciones graves se prohibirá su comercialización turística también por un plazo máximo de tres años.
La consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, junto a la portavoz del Govern, Pilar Costa, explicaron el contenido del decreto que ayer mismo se publicó en el Boletín Oficial de Balears, entrando en vigor de inmediato. Las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves. En el caso de las leves, pueden llegar hasta los 3.000 euros de multa; en las graves, hasta 60.000, y en las muy graves, hasta 600.000.
«Unos días de advertencia»
«Unos días de advertencia»
En lo que se refiere al uso obligatorio de la mascarilla en la vía pública en todo momento, anunciada el jueves por el Govern y cuyo incumplimiento se multará con 100 euros, Castro y Costa explicaron que si bien se prevé empezar a aplicarlo el lunes habrá unos «días de advertencia» para informar a la población antes de empezar a sancionar.
En este sentido Costa sostuvo que las multas por no llevar mascarilla en la vía pública «no tienen finalidad recaudatoria, sino disuasoria» y que el objetivo es que «pueda haber la máxima adaptación tanto de los residentes como de los turistas».
Añadió que los datos de la transmisión de la pandemia en Balears son mejores que los de la media estatal, pero «no hay que bajar la guardia» y debe evitarse el riesgo de que los ciudadanos relajen las medidas por la tranquilidad que pueden dar estos datos.
El resto de las sanciones, como las relativas a fiestas privadas ilegales, «se empezarán a aplicar desde el minuto uno», según dejó claro la consellera de Administraciones Públicas. «Seremos contundentes porque es un tema de salud pública», añadió Castro, quien recordó que las administraciones trabajarán de manera «coordinada» para el cumplimiento de la normativa.
En este sentido precisó que la comisión de emergencias ha acordado crear una unidad de análisis con la policía y Guardia Civil para «investigar las fiestas que se publiciten» con el fin de pedir una orden judicial para poder entrar. Si ya no da tiempo, habrá operativos policiales para dificultar la llegada a estas fiestas multitudinarias.
El decreto del Govern supone un «marco» para todas las administraciones públicas, de tal modo que las inspecciones se realizarán de manera coordinada por parte del personal del Govern y los consells, policías locales, Policía Nacional y Guardia Civil. Así, cada administración, incluidos los ayuntamientos, podrán imponer las multas y recaudarlas, si bien podrán trasladar esta tramitación al Govern, según explicaron fuentes del Ejecutivo, que en ese caso sería el encargado de cobrarlas.
Sanciones
Sanciones
En lo que se refiere a las sanciones que contempla el decreto del Goven, Castro precisó que «se gradúan teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción y las circunstancias concurrentes, atendiendo a criterios relacionados con la intencionalidad; la trascendencia del daño o perjuicio causado a la salud pública; el número de personas afectadas; el beneficio obtenido a consecuencia de la infracción; la reincidencia; la posición del infractor en el mercado, y la categoría del establecimiento o las características de la actividad».
Así, las infracciones leves, multadas con entre 100 y 3.000 euros, contemplan el incumplimiento de la obligación del uso de mascarillas. También incluyen el incumplimiento por parte de establecimientos de ofrecer información a los usuarios sobre horarios, aforos, distancia social y uso de mascarillas, o que no respeten los límites de aforo o de número máximo de personas permitidas cuando éstas afecten a menos de 15 personas.
Las infracciones graves, con multas de entre 3.001 y 60.000 euros, incluyen cuestiones como la organización y participación en reuniones, fiestas o eventos en donde haya aglomeraciones o el incumplimiento de los límites de aforo mayores que la infracción leve.
Las muy graves, con sanciones entre 60.001 y 600.000 euros, incluyen la comercialización de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto o evento en los que se produzcan aglomeraciones de más de 150 personas.
