El conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, advirtió ayer en el Parlament, en respuesta a una pregunta de Ciudadanos, que la propuesta del PP de modificar la ley para permitir que los bloques de los apartamentos Don Pepe, en es Codolar, que amenazan ruina, se puedan reformar «no basta» para solucionar este problema. Uno de los bloques, el que ha sido desalojado en parte (dos escaleras) se construyó sin licencia, por lo que se encuentra fuera de ordenación, y el otro tiene exceso de edificación sobre lo permitido.
El PP plantea que en la tramitación del proyecto de ley del decreto de medidas urbanísticas se incorpore una modificación legal para permitir la reforma de edificios fuera de ordenación, como es el caso, al objeto de evitar que sus residentes se queden sin domicilio. Sin embargo, Pons indicó que «la situación es compleja» y la solución «no pasa por la normativa municipal, insular o la del propio Parlament balear» (en referencia a la propuesta del PP) porque hay «normas estatales claras, como la Ley de Costas», que afectan también a estos edificios.
Por ello, el conseller subrayó la importancia de estudiar con «rigurosidad» la situación urbanística de los dos edificios, situados además en el Parque Natural de ses Salines y en la zona de influencia del aeropuerto, porque «no sea que se modifique la ley y no sirva porque hay una ley estatal [la de Costas] que está por encima».
Aparte del frente urbanístico abierto, el Govern también trabaja en «la parte social», la búsqueda de una solución para realojar a las familias afectadas. Sin concretar más, Pons dijo que hay «varias opciones sobre la mesa». «Vamos a ayudar al máximo y a hacerlo de forma conjunta con el Consell y el Ayuntamiento», indicó el conseller de Vivienda.
El diputado de Ciudadanos Maxo Benalal resaltó su preocupación sobre el futuro de las familias desalojadas y la amenaza que se cierne sobre el resto de habitantes en los dos edificios de los apartamentos de es Codolar. «La situación es muy grave. Afecta a 50 familias y a más de un centenar de personas», recordó.
Benalal reconoció sus dudas sobre la propuesta de modificar la ley para dar vía libre a la reforma de edificios fuera de ordenación. «No es fácil la solución. Si se cambia la ley podríamos estar abriendo la puerta a la regularización de construcciones en las que no estaría justificado», dijo.
También apuntó que la reforma del edificio, cuantificada en entre tres y cuatro millones de euros por el Consistorio, es «inasumible» para sus propietarios.
