El magistrado juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma, Alejandro González, ha denegado la medida cautelar solicitada por la Asociación de Taxistas Autónomos de Ibiza, la mayoritaria en Vila, para que se deje en suspenso la prohibición de que se den servicios a través del GPS a taxistas de otros municipios. El auto judicial destaca que los taxistas impugnan un requerimiento de cumplimiento del convenio municipal del GPS y «no el cierre de ningún servicio».
De hecho, el Ayuntamiento de Ibiza apercibió a la asociación de taxistas de que, en el caso de que no cumpla lo acordado por las dos partes, podría ordenar el cese de la actividad del GPS. Pero según la resolución judicial, esta situación no se ha producido. Así, no se cumplen las condiciones para que el magistrado deje en suspenso la obligación de la asociación de taxistas mayoritaria de Vila de no ofrecer servicios a través del GPS que gestiona a conductores de otros municipios, ya que, además, no está regulado.
La Asociación de Taxistas Autónomos de Ibiza presentó un recurso contencioso administrativo contra el requerimiento del Consistorio y, mientras no se resuelva, su suspensión, medida cautelar que no ha sido aceptada.
El concejal de Movilidad, Aitor Morrás, insiste en que hasta que no se regulen en toda la isla las condiciones de uso del GPS, en Vila, el único municipio que cuenta con un reglamento de funcionamiento y uso del GPS en el que no se prevé la participación de taxistas de otros municipios, sólo se pueden concertar y operar servicios con conductores de la ciudad. El Consell y los ayuntamientos alcanzaron un acuerdo para introducir esta cuestión en la orden de carga y descarga insular, pero, al no tener un reglamento insular del taxi, el Govern balear debe tramitar este cambio. La parálisis que ha provocado la crisis sanitaria ha retrasado la aprobación de esta modificación, con la que, según el director insular de Transportes, Roberto Algaba, «difícilmente» se podrá contar esta temporada turística.
Incumplimiento de los taxistas
El presidente de la Asociación de Taxistas Autónomos de Ibiza, Alejandro Cardell, reconoció, en declaraciones a este diario, que no se aplicaba la prohibición del Consistorio (de que se ofrezcan servicios a través del GPS a taxistas de otros municipios) porque no se había dictado ningún decreto, sino que se había remitido a este colectivo un informe técnico que advertía de que se estaba incumpliendo el reglamento del GPS. Acto seguido, el Consistorio envió un requerimiento a la asociación de taxistas en el que les advertía de que si no cumplían «de inmediato» el reglamento, ordenaría el cese de la prestación del servicio de GPS.
Morrás explica que, como la única prueba del incumplimiento de la normativa eran las declaraciones de Cardell, el Ayuntamiento requirió a la asociación de taxistas para que le aportase documentación sobre el funcionamiento del GPS. «Nos han pasado documentos, pero no todos. Vamos avanzando poco a poco», indica el concejal de Movilidad.
Precisamente, los taxistas aún no han aportado la documentación «más importante». «Nos han aportado el número de servicios que se prestan con el GPS,por ejemplo, pero no los de los taxistas de fuera ni el número de taxistas conectados a la emisora», explica Morrás que, no obstante, añade: «Es la primera vez que nos pasan documentación y dicen que están dispuestos a colaborar. Si no lo hacen, perderán el convenio».
Conflicto con la cuota del GPS
Asimismo, Morrás indica que también se ha advertido a la asociación de taxistas de que debe ofrecer el servicio de GPS a todos los taxistas del municipio que lo pidan. La Asociación de Taxistas Profesionales de Ibiza, que es minoritaria y cuenta con un operador propio de GPS, ha denunciado ante el Ayuntamiento que la mayoritaria se niega a ofrecer el servicio si no se paga una deuda anterior a la firma del último convenio, a finales de 2018. También han informado al Consistorio de que la Asociación de Taxistas Autónomos pide el pago de 110 euros al mes por el servicio de GPS, cuando el Ayuntamiento autorizó el abono de 97 euros.
Morrás, que abordó este problema con los taxistas la semana pasada, asegura que la asociación mayoritaria tiene «la obligación» de prestar el servicio a todo el taxista que lo pida al margen de cualquier deuda anterior a la firma del convenio, la cual, destaca, se puede reclamar por la vía judicial.
Además, el concejal asegura que el precio del servicio no puede superar los 97 euros aprobados. «No podemos consentir que se produzca este agravio comparativo. Si no cumplen, perderán el convenio», insiste Morrás.
