«Las mafias aprovechan la llegada masiva de turistas a Ibiza para introducir la oferta de prostitución, por lo que en verano el problema de la trata es muy grande». Con esta contundencia se manifiesta el inspector de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional, Eduardo Blanco.

Aunque esta unidad de la comisaría de Ibiza persigue a los proxenetas durante todo el año (como lo demuestra la desarticulación en enero de 2019 de una red que cobraba 1.500 euros por una 'plaza' para ejercer la prostitución en Platja d'en Bossa) y controlan casas donde se ofrecen servicios sexuales, clubes y páginas de contactos, el inspector de la Ucrif señala que la diferencia entre el verano y el invierno es «abismal», por lo que esta estacionalidad tan marcada diferencia a la isla del resto de destinos de la Península donde se explota sexualmente a mujeres. Además, Blanco recuerda que desde hace unos años, tanto en el resto del país como en Ibiza, esta oferta se ha trasladado a pisos particulares, lo que dificulta la investigación de estos casos porque muchos de estos burdeles son itinerantes. Cambian de ubicación para continuar con el negocio y evitar denuncias. Sin embargo, en el confinamiento la Policía Nacional ha detectado nuevos lugares gracias a denuncias vecinales. «Algunos vecinos nos han alertado de una afluencia de personas sospechosa en algunas casas y también nos han llamado al escuchar gritos pensando que podía tratarse de un caso de violencia de género», cuenta Blanco, que agrega que la crisis sanitaria también ha frenado la entrada de nuevas víctimas de trata por el cierre de fronteras.

Aparte del dinero que perciben los chulos o 'mamis' por los servicios sexuales de las mujeres que explotan, otra fuente de ingresos para ellos es el subarriendo. «Hemos detectado casos donde los explotadores cuentan con varias viviendas y realquilan por grandes cantidades de dinero las habitaciones donde las mujeres ofrecen sus servicios», señala el inspector de la Ucrif. De hecho, las dificultades para pagar el alquiler durante el estado de alarma y el miedo a quedarse en la calle tras recibir amenazas para ejercer han llevado a varias mujeres a denunciar a sus explotadores sexuales.

Sobre las investigaciones de estos casos, el inspector de la Ucrif, que también es interlocutor social territorial contra la trata de seres humanos, explica que lo ideal sería que comenzaran por una denuncia de una víctima, pero «a la mayoría les cuesta reconocerse como tales y si están indocumentadas se creen que no gozan de derechos». «Cuando vamos a los pisos o clubes, si vemos alguna circunstancia anómala, a una chica con lesiones o alterada emocionalmente, tratamos de establecer un contacto más estrecho, hablar con ella sin otras personas delante», cuenta Blanco.

Sobre los métodos de captación, pese a que el del lover boy (el tratante finge ser la pareja de la víctima y la convence para que se trasladen a otro país con la promesa de un futuro mejor), el principal es «la situación de precariedad» en los países de origen de estas mujeres y su extrema vulnerabilidad.

Por último, el inspector también alerta de que también son víctimas aquellas mujeres que, pese a que han aceptado venir a España para dedicarse a la prostitución, sufren condiciones abusivas. «Les obligan a estar disponibles 24 horas al día, a ejercer sin medidas de protección y en sitios inadecuados», apunta el inspector de la comisaría ibicenca.

En cuanto a los perfiles de las víctimas, coincide con Metges del Món en que predominan las sudamericanas (aumentan las procedentes de Venezuela por la inestabilidad del país), de países del Este (principalmente Rumanía) y, sobre todo en verano, de Nigeria. Entre los proxenetas predominan los de origen rumano.