La Guardia Civil de Ibiza y la Policía Local de Sant Antoni desalojaron ayer por la mañana, sobre las 7.30 horas, a más de un centenar de personas que se encontraban en una fiesta privada organizada en la discoteca Amnesia. Los agentes interpusieron varias denuncias por la apertura del establecimiento pese a la prohibición del Govern y por incumplir las restricciones impuestas por el Gobierno derivadas de la crisis sanitaria por el coronavirus.
Un particular alertó sobre las 7 horas de ayer de que se escuchaba música «muy fuerte» en Amnesia, situada en la autovía de Sant Antoni, por lo que hasta allí se desplazaron, sobre las 7.10 horas, patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Sant Antoni. Cuando los agentes accedieron al interior del establecimiento comprobaron que había un dj, personal de seguridad, camareros y 126 personas. En la pista de baile no había mesas ni sillas pese a que el decreto del Govern obliga a eliminar esta zona o, en su defecto, colocar este mobiliario para cumplir las medidas de distancia social para prevenir contagios del Covid-19.
Un portavoz de la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia de Balears explicó ayer a este diario que el dueño de la discoteca explicó que se trataba de una celebración de cumpleaños, por lo que era un evento privado. Finalmente, fue denunciado.
Posteriormente, la Guardia Civil y la Policía de Sant Antoni obligaron a los asistentes a abandonar la discoteca. Nadie opuso resistencia, por lo que no se registraron incidentes durante el desalojo ni fue necesario solicitar la intervención del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) 1, desplazado a principios de junio desde Madrid a Ibiza a petición de la Jefatura de la Guardia Civil de Balears (ver la edición de ayer de Diario de Ibiza).
Por último, el Ayuntamiento informó de que se levantó acta por incumplimiento de la ordenanza municipal en materia de ruidos y por no respetar las medidas de seguridad para prevenir contagios de coronavirus.
Al igual que Amnesia, todas las discotecas de Ibiza permanecerán cerradas esta temporada por el veto del Govern a las pistas de baile. La Asociación de Ocio de Ibiza asumió esta decisión del Ejecutivo de la presidenta Francina Armengol por «una cuestión de responsabilidad con la salud de los trabajadores y clientes», pero pidió que se articulen «ayudas» para evitar que se hunda este sector del turismo. El gerente de esta asociación, José Luis Benítez, manifestó a este diario que la Administración debe garantizar «la salvaguarda de los trabajadores con los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y los alquileres» y reivindicó que se reduzca o elimine el pago de «todo tipo de impuestos». «No sale a cuenta eliminar la pista de baile de discotecas como Hï o Pacha. ¿Reconvertirlo todo como un espacio VIP? No tienes por dónde cogerlo. Necesitamos que nos ayuden pero no inventos raros», concluyó Benítez.
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