El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha sacado a licitación la redacción del proyecto de urbanización y creación del parque de Ca n'Escandell, en la ciudad de Ibiza, donde se prevé construir 532 viviendas públicas y un parque de más de siete hectáreas.
La licitación sale con un presupuesto de 238.370 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 18 meses, según informó ayer el Ayuntamiento en un comunicado. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 22 de junio de forma telemática a través de la plataforma de Contratación del Sector Público.
El alcalde, Rafa Ruiz, en una nota, señala que la licitación es una de «las mejores noticias» que se pueden recibir tras años trabajando junto al Gobierno central y el Govern balear. Ruiz destaca que, tras esta publicación, está «más cerca» contar con más vivienda pública y con un gran parque. La superficie del ámbito es de 17,25 hectáreas y el destino de la urbanización es de uso residencia.
Además, se ha considerado la necesidad de incluir el diseño de un gran parque urbano de 7,8 hectáreas, lo que requiere conocimientos en paisajismo urbano, jardinería, medio ambiente urbano, redes de riego e infraestructura de zonas verdes.
El optimismo del alcalde contrasta con la realidad del proyecto, que se aprobó hace ya once años, en 2019, cuando Beatriz Corredor, cuando firmó, siendo ministra del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, con la entonces alcaldesa Lurdes Costa, un convenio para la construcción de las VPO, además de otro para la reforma del Mercat Vell, que tampoco ha visto la luz.
Además, este proyecto de viviendas de protección oficial podría haberse truncado posiblemente de manera definitiva por el decreto urbanístico aprobado recientemente por el Govern balear dentro de las medidas para paliar los efectos del coronavirus y el estado de alarma decretado para evitar su propagación. Finalmente, ha quedado fuera de esta nueva herramienta urbanística.
Precisamente, la exministra (ahora diputada del Congreso de los Diputados y presidenta de la Comisión de Justicia desde 2019) visitó en octubre del año pasado el terreno después de hacerlo por primera vez en 2009. Durante esa visita, tanto Corredor como el alcalde, Rafa Ruz, acusaron al PP del retraso que acumulaba ya entonces este proyecto que, en todo caso, no se podrá ejecutar hasta que se apruebe el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que está en suspenso.
