El varapalo político que se llevó ayer la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el resto de grupos del Pacto les obligará a modificar el polémico decreto de reactivación económica que fue aprobado el pasado 13 de mayo y validado ayer en el Parlament. El jarro de agua fría llegó en el último momento del pleno, ya que por un solo voto de diferencia salió adelante su tramitación como proyecto de ley.
Esto significa que, aunque el decreto entre en vigor, tendrá que ser mejorado con los cambios que negocien a partir de ahora los grupos parlamentarios. Los diputados del grupo mixto Més per Menorca y el de EU en Unidas Podemos se sumaron a los votos de los partidos de derechas para lograr la modificación del decreto que permite a los hoteles aumentar su superficie un 15%, entre otras medidas.
El momento más tenso de esta sesión plenaria se vivió antes de las 15 horas, después de toda una mañana de debate. Justo cuando se iba a proceder a las votaciones, el presidente de la Cámara balear, Vicenç Thomàs, pidió a los diputados de Vox Sergio Rodríguez e Idoia Ribas y a la de Ciudadanos Patricia Guasp que saliesen del hemiciclo debido a que no podían votar.
Resulta que lo iban a hacer telemáticamente para cumplir con la medida de distanciamiento social debido a la pandemia del coronavirus (el pleno se celebró con menos diputados de forma presencial por este motivo), pero no llegaron a tiempo a la votación a distancia (el plazo finalizaba a las 13 horas del lunes) y optaron por acudir a la sede de la calle Palau Reial.
Dos horas de debate
Dos horas de debate
Los parlamentarios se negaron a marcharse y apelaron al artículo 14 del reglamento para ejercer su derecho al voto en persona, por lo que Thomàs suspendió la sesión de forma temporal y la mesa del Parlament estuvo discutiendo durante cerca de dos horas qué decisión adoptar.
Finalmente, les permitieron votar y de este modo salió adelante, con 30 votos por 29, la tramitación como proyecto de ley del llamado decreto ley 8/2020 de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en las administraciones públicas de las islas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la Covid-19.
El encargado de glosar las bondades de la normativa, que ocupa 141 páginas con todo tipo de medidas, fue el vicepresidente del Govern balear y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes. De los partidos del Pacto, también defendieron el decreto el portavoz de Unidas Podemos Alejandro López, el de Més per Mallorca Miquel Ensenyat y la del PSIB-PSOE Mercedes Garrido.
El Pi lo apoyó, pero con la petición de tramitarlo como proyecto de ley, mientras que fue rechazado de plano por el grupo de Més per Menorca.
También votó en contra el del Partido Popular y su portavoz, Toni Costa, lo resumió en que es «un cúmulo de normas inconexas y heterogéneas, de parches que nada tienen que ver con la Covid» y que «no permiten impulsar la economía, porque antes hay que parar el golpe», dijo en referencia a otorgar ayudas a empresarios y autónomos.
Según Vox, el decreto es «una hidra, un monstruo de mil cabezas que habla de montones de cosas que no tienen nada que ver con el virus y cuyo primer punto da una puñalada trapera a los profesionales sanitarios».
