El Ayuntamiento de Sant Josep estima a bote pronto que al menos seis suelos urbanizables de su municipio quedan desclasificados directamente, y pasan a ser suelo rústico, en aplicación del decreto ley de medidas urgentes de protección del territorio de Balears que entró en vigor el pasado lunes. Cuatro se ubican en la zona de Cala Tarida y Cala Corral, uno en Cala Vedella y otro en Sant Jordi, según explica el primer teniente de alcalde, Ángel Luis Guerrero. «Hay que seguir mirando, pero afecta a urbanizables que no hayan sufrido ninguna transformación», explica.

Por ejemplo, los sectores 4.23 y 4.24 de Cala Corral, con una superficie de algo más de 185.000 metros cuadrados y con capacidad para 415 habitantes (315 en viviendas unifamiliares y 90 en un alojamiento turístico) quedan desclasificados automáticamente, según Guerrero. Guerrero considera que está justificada la protección de esta área porque se previó su desarrollo en las Normas Subsidiarias de 1986. «Ya estamos en 2020. Han tenido suficientes años para construir. No tiene sentido que en una zona tan sensible como Cala Tarida se desarrolle [esta urbanización]», indica Guerrero.

Actualmente se está tramitando el proyecto de urbanización de estos dos sectores, pero tal como publicó este diario en septiembre del año pasado, la conselleria balear de Medio Ambiente advirtió de que no había suficiente agua para garantizar el suministro a esta nueva urbanización, motivo por el cual no podía darle el visto bueno. Precisamente, el conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, explicó el lunes, tras el Consell Executiu, que una de las causas que justifica la desclasificación de terrenos urbanizables es la falta de agua.

Por otra parte, el decreto urbanístico afecta a los terrenos urbanos con urbanización no consolidada, aquellos que no cuentan con todos los servicios públicos (alcantarillado, luz pública, suministro de agua...). En este caso, se impone una moratoria (se suspende la tramitación y aprobación de los planes de desarrollo y, obviamente, la concesión de licencias) hasta el 31 de diciembre del año que viene.

Durante este periodo, el Consell deberá decidir sobre la clasificación de estos terrenos (lo puede hacer a través de una modificación puntual del Plan territorial Insular): si se mantienen como suelo urbano no consolidado o si pasan a urbanizable o rústico. Guerrero explica que se decidirá «en función del grado de consolidación que tengan». Como el urbanismo es una competencia municipal, el Consell ha convocado a los ayuntamientos la semana que viene a abordar esta cuestión. «Habrá que acordar con el Consell qué tipo y grado de transformación será suficiente para que un terreno se mantenga como urbano o urbanizable», indica el primer teniente de alcalde de Sant Josep.

El decreto urbanístico contempla que en el caso de que el Consell, antes del 31 de diciembre de 2021, no haya hecho este trabajo de delimitación de los suelos urbanos no consolidados, lo hará el Govern, con un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2022.

Guerrero recuerda que «la mayoría» de los suelos urbanos no consolidados ya están transformados, por lo que difícilmente, avanza, perderán sus derechos urbanísticos. «Salvo algún caso concreto, en el que ya quede claro que nunca podrá obtener todos los servicios», como la red de alcantarillado.

La conselleria estima que el decreto puede afectar en Ibiza a 250 hectáreas de suelos urbanizables o urbanos no consolidados (los llamados falsos urbanos).

En el caso de Vila, los terrenos de Ca n'Escandell, donde se prevé construir medio millar de viviendas sociales, quedan fuera de la moratoria, al igual que los de sa Joveria, en virtud del convenio suscrito en su día para la cesión de terreno para construir el nuevo hospital Can Misses.