El Ejecutivo balear aprobó ayer en un Consell de Govern extraordinario el decreto ley de medidas urgentes de protección territorial que, según el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir (Més), se traducirá en la protección, en el conjunto de Balears, de unas 400 hectáreas de urbanizables y 200 de los conocidos como falsos urbanos, aquellos no consolidados por la falta de servicios básicos como alcantarillado, lo que supondría capacidad para unos 50.000 habitantes, según Mir. «Este decreto marcará un punto de inflexión en nuestro modelo territorial», sostuvo.
En el caso de los terrenos rústicos, recordó que Ibiza y Formentera quedan exoneradas de las medidas contempladas porque en ambos casos han modificado sus planes territoriales hace menos de dos años. En Menorca, su plan territorial ya prohíbe la construcción en gran parte de suelo rústico.
Además, se incorpora la modificación de un artículo del decreto de reactivación económica aprobado hace algo más de una semana con el fin de prohibir las marinas secas (espacios para el almacenamiento y mantenimiento de embarcaciones) en suelo rústico, en donde si se permitirán puntos verdes de recogida de residuos.
Mir, la portavoz del Govern, Pilar Costa (PSIB) y la consellera Mae de la Concha (Podemos) comparecieron ante los periodistas para presentar el decreto, dando una imagen de unidad tras las discrepancias entre los socios del Pacto que impidieron que se aprobara en el Consell de Govern del viernes, hasta que horas más tarde se cerró el acuerdo.
El Decreto establece una moratoria de licencias y autorizaciones para los falsos urbanos y urbanizables que no se han desarrollado en décadas, que quedarán en suspenso hasta el 31 de diciembre de 2021 para que consells decidan su reclasificación. De no hacerlo en ese tiempo, lo hará el Govern, para lo cual dispondrá hasta el 31 de diciembre de 2022. Además, quedarán desclasificados los terrenos urbanos con ocho años de antigüedad en donde no se haya construido, salvo que se destinen a viviendas de protección oficial o tengan los proyectos de urbanización ya en trámite. Mir eludió identificar zonas concretas que se podrían desclasificar y solo mencionó el caso de Son Puigdorfila Nou, en Palma, una finca que según dijo sí quedará protegida,
En rústico, se prohíbe la construcción de nuevas viviendas en las áreas de riesgo de inundación, erosión o incendios. Además, se reducen las dimensiones de nuevas viviendas aisladas en rústico, cuyo volumen no podrá sobrepasar los 900 metros cúbicos, entre otras medidas.
Mir consideró que la norma no supondrá el pago de indemnizaciones, «una de las líneas jurídicas más trabajadas para articular el decreto ley» y que supone una de las «diferencias sustantivas» con respecto a pasadas regulaciones.
