El subrepticio acuerdo alcanzado esta semana entre PSOE, Unidas-Podemos y EH Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral de 2012 dejó ojipláticos a empresarios como Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, pero también a sus socios de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB). Su vicepresidente, el ibicenco José Antonio Roselló, califica lo ocurrido y las intenciones subyacentes como «un disparate».

Eso sí, ni desde la CAEB ni desde la Petita i Mitjana Empresa de las Pitiusas (Pimeef) creen que la profunda brecha abierta entre empresarios y Gobierno por la firma de ese pacto sin el apoyo de los agentes sociales tenga consecuencias en sus relaciones con el Govern balear, que califican de «moderadamente buenas».

Es más, esperan que el Ejecutivo que dirige Francina Armengol se plante ante el presidente Pedro Sánchez si finalmente este ningunea a Nadia Calviño, ministra de Economía, y decide dar carta de validez al acuerdo que cuenta con la firma del grupo radical abertzale.

José Antonio Roselló señala que «en Balears no ha habido, de momento, un motivo claro para romper con el Govern balear», cuyo ejecutivo está formado por los mismos partidos que integran el Gobierno central. Considera que «el diálogo social, tanto en Balears como en Ibiza, está funcionando moderadamente bien», de manera que, en este contexto, «no se prevé romper ninguna mesa», como sí ha ocurrido en Madrid tras conocerse la insólita alianza por la derogación de la reforma laboral.

Ejemplo de voluntad de diálogo

«Con el Consell de Ibiza (indica Roselló) tenemos una mesa de diálogo social en la que participamos CAEB, Pimeef, UGT y CCOO, y es un ejemplo de que hay una voluntad de diálogo social». Tampoco hay señales de ruptura con el Govern balear, afirma, con el que hasta ahora apenas han tenido roces: «En buena medida, el Ejecutivo balear ha sido un aliado de los agentes sociales, ya que ha jugado el papel de vehículo a través del cual se han hecho propuestas al Estado».

Roselló considera que el Gobierno español «tiene intención de reconducir las cosas». Estima que lo ocurrido esta semana «no está ni mucho menos aclarado, ni siquiera de dónde salió eso», y que el hecho de que la ministra portavoz, María Jesús Montero, «intentara tender puentes de nuevo con la CEOE» el pasado viernes, sumado a la posición de Nadia Calviño (para quien la derogación sería «absurda y contraproducente»), «indica que se desea reconducir» la situación: «Seguro que continúa el diálogo social, aunque seguramente se necesitará algún paso por parte del Gobierno para aclarar este tema».

Inoportuno

Sobre todo porque, a su juicio, lo que proponen PSOE, Unidas-Podemos y Bildu es «un disparate»: «La derogación total supondría que desaparecerían los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Es un disparate. Este asunto hay que negociarlo de manera muy minuciosa en la mesa de diálogo social, y hay que ver si realmente esto es oportuno o no. Porque el mayor disparate es que no es el momento, tal y como está el país, para introducir una reforma de este calado mientras estamos en una situación económica crítica. Podría generar un gravísimo problema».

El empresario pitiuso recuerda que, desde el punto de vista empresarial, la reforma laboral de 2012 «supuso animar a contratar porque había más flexibilidad. Si tiene que haber algún cambio, se ha de estudiar muy bien. Vivimos una situación económica crítica y no es el momento de hacer experimentos».