El Ayuntamiento de Santa Eulària no cobrará más a los establecimientos que puedan ampliar su ocupación de vía pública pero obligará a que se cumplan los criterios que marca la Ordenanza de la materia para garantizar la seguridad y la convivencia, de forma que solo podrán hacerlo si hay acuerdo con la comunidad o negocios cercanos. Además, recuerda que desde hace años los negocios sólo tienen que pagar seis meses de ocupación y que en el pleno pasado se acordó reducir esta cuota en el equivalente al tiempo en que no se haya podido ejercer la actividad por el estado de alarma y de las limitaciones a la actividad impuestas por el Gobierno.

«El Consistorio quiere flexibilizar al máximo la ocupación de vía pública para que sirva de dinamizador de la economía de determinados negocios, especialmente de restauración, pero no quiere renunciar a las necesarias condiciones de seguridad y tranquilidad en que se tiene que desarrollar este uso extraordinario de los espacios comunes», señaló ayer el Ayuntamiento en una nota.

La norma municipal estipula que un propietario de un negocio tiene derecho a pedir (el derecho de uso no es automático y tiene que estar autorizado) hacer uso de la vía pública justo ante su local y garantizando la seguridad y el tráfico de los peatones. La norma también contempla que un negocio puede ampliar esta ocupación si consigue la autorización del propietario del local o de la comunidad de propietarios de al lado.

Conseguir la autorización del otro propietario no implica que se pueda hacer uso de forma inmediata puesto que se tendrá que tramitar una petición de ampliación ante el Ayuntamiento.

Puertos

Puertos

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) anunció ayer en un comunicado que reducirá al mínimo legal permitido las tasas de las terrazas de bares y restaurantes en las superficies que gestiona. Ha comenzado a proponer a las empresas del sector de la restauración la extinción de mutuo acuerdo de los títulos que autorizan la ocupación de la zona de dominio público portuario con mesas y sillas que estaban vigentes antes de que se declarase el estado de alarma por la crisis sanitaria, con el objetivo de paralizar el devengo de tasas.

A aquellas empresas que deseen abrir sus terrazas una vez que la desescalada lo permita (en función del Plan de Transición a la Nueva Normalidad del Gobierno), la APB les otorgará «nuevos títulos, con condiciones económicas más ventajosas.