El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, presentó ayer las 45 medidas del Plan Insular de Reactivación y Recuperación Económica, Social y Ambiental con el objetivo de «estimular» la inversión pública y privada e incrementar la actividad de los sectores más afectados.
Marí, que compareció junto a los dos vicepresidentes de la institución, Mariano Juan y Javier Torres, detalló que se trata de un documento en el que se incluyen medidas concretas y extraordinarias para adaptar «el funcionamiento administrativo, la legislación y los presupuestos públicos a las demandas reales». En este sentido, Marí dijo que con leyes antiguas «no se puede combatir de una manera efectiva a la nueva realidad», por lo que instó a ajustar la legislación a la situación actual.
Las medidas, que se remitirán al Govern balear, se reparten en cuatro ejes: el primero para agilizar los procedimientos administrativos; el segundo sobre la ordenación territorial y medioambiente; el tercero para aumentar el control del intrusismo, y el cuarto, sobre la temporalidad de las actuaciones que se proponen.
Ordenación y urbanismo
Ordenación y urbanismo
En cuanto a las medidas de ordenación y urbanismo, el vicepresidente y conseller de Territorio, Mariano Juan, explicó que se insiste en eliminar la cédula de habitabilidad y que las obras de reforma se puedan hacer por declaración responsable. A cambio de ello, los ayuntamientos deberían presentar un programa de inspecciones al Consell, del que tendrían que dar cuenta de forma anual, para aumentar las inspecciones y la disciplina urbanística.
Para los ayuntamientos, se propone exonerar de la petición de informes para estudios de detalle y para las viviendas en suelo rústico, trámite este último que pasaría a hacer el Consell , y que, como ya se solicitó para Sant Antoni y Sant Josep, puedan actualizar sus planeamientos urbanísticos con modificaciones puntuales a sus normas subsidiarias.
En materia de eficiencia energética también se plantea que las construcciones de los 60, 70 y 80 se puedan adaptar con reformas permitidas en un plazo de tres años.
En cuanto a las medidas contra el intrusismo, el Consell pide reforzar las competencias inspectoras, crear una nueva infracción para los grupos de WhatsApp de los taxis ilegales y hacer un registro de infractores de taxistas piratas para las empresas de alquiler de vehículos.
Igualmente, se propone que se puedan clausurar los pisos turísticos ilegales con la Ley Turística e imponer multas coercitivas mensuales para que «la rentabilidad no le salga a cuenta al infractor» tanto para las viviendas como las vallas ilegales.
Menos burocracia
Menos burocracia
Juan dijo que las medidas son fruto de «innumerables reuniones» con sindicatos, patronales, el sector turístico y todos los grupos políticos con representación en el Consell. El vicepresidente agregó que aspira a que las medidas se puedan aplicar en toda la comunidad autónoma, o por lo menos en Ibiza, y también abre la posibilidad de que sean temporales por los tiempos «excepcionales».
Torres, por su parte, hizo hincapié en reducir la burocracia, agilizar trámites y facilitar el trabajo interno de la Administración.
Entre las medidas anunciadas por Torres está la de ampliar los «umbrales máximos» para la tramitación de expedientes de contratación en materia de obras públicas, con un máximo de 100.000 frente a los 40.000 euros actuales, y en materia de contratos de servicio, con un máximo de 50.000 euros. El objetivo es facilitar la contratación de empresas de la isla y reactivar el tejido productivo y económico de Ibiza.
