Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local detuvieron el domingo a un hombre de nacionalidad belga al que se acusa de organizar una fiesta en una villa de su propiedad situada cerca de Can Jordi, en la carretera de Sant Josep. Según fuentes policiales y municipales, en la puerta de la casa había quince coches aparcados y al menos 18 personas en el interior de la finca, alrededor de la piscina y en el jardín, en una fiesta para la que se contrató catering y discjockey.
Estas 18 personas, todas ellas de nacionalidad extranjera, no fueron arrestadas, pero los agentes iniciaron el procedimiento para que puedan ser sancionadas por vulnerar la orden de confinamiento incluida en el decreto que declara el estado de alarma.
Entre los participantes en esta fiesta, que fue denunciada por los vecinos de las inmediaciones, asustados por la posibilidad de propagación del coronavirus cerca de sus casas, hay personas de Francia, Rusia, Reino Unido, Argelia, Estados Unidos, Argentina, Kazajistán e Italia, además del belga dueño de la casa.
Los agentes atribuyen a este hombre la presunta comisión de un delito de desobediencia, por lo que podría ser condenado a un máximo de un año de prisión, además de ser sancionado con una multa. La Guardia Civil fichó al belga en el cuartel, que será citado a declarar en el juzgado por el delito de desobediencia. Después quedó en libertad provisional. La Policía Local de Sant Josep grabó en vídeo el momento en el que los agentes de este cuerpo y de la Guardia Civil irrumpen en la fiesta. En ese momento, uno de los policías, en castellano, pide a los participantes en la fiesta que no se vayan, con el fin de poder identificarlos y multarlos, y después, ya en inglés, les recuerda que la ley española marca que cada uno debe permanecer en su casa para evitar contagios, «y no todo el mundo en una casa».
Confinados en Ibiza
Al parecer, en la finca hay varias viviendas y algunos de los presentes intentaron engañar a los agentes diciendo que residían allí, lo cual se demostró que era falso cuando los policías les pidieron los pasaportes y no pudieron presentarlos, ya que estaban en sus verdaderos alojamientos.
Fuentes municipales y policiales también explicaron que la mayor parte de los denunciados no son residentes en la isla, sino personas extranjeras que se encontraban en la isla cuando se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo y optaron por pasar el confinamiento en Eivissa en lugar de regresar a sus respectivos países de residencia.
