El Govern balear acordó ayer instar al Estado a permitir que los ayuntamientos y Consells puedan liberar más recursos propios ante la crisis por el coronavirus, de manera que puedan disponer de sus remanentes de años anteriores.

Así lo explicó la portavoz del Govern, Pilar Costa, tras el Consell de Govern. En el acuerdo aprobado por el Ejecutivo, Balears también reclama nuevas medidas para atender tanto las necesidades actuales como la recuperación.

La flexibilización de las reglas presupuestarias para permitir el uso del superávit municipal es una reivindicación histórica del Govern. En este sentido, Costa considera que permitir el uso del 20 por ciento del superávit de 2019 «fue un paso» pero el Ejecutivo entiende que la situación requiere «ir más allá». El uso de hasta un 20 por ciento del superávit de 2019 se establecía en las medidas estatales para atender los gastos derivados de la crisis sanitaria, pero Balears plantea que las entidades locales puedan destinar hasta el 100 por cien de estos fondos a gastos de protección social.

Balears también pide que las entidades locales puedan disponer de remanentes de tesorería de años anteriores al 2019 y flexibilizar la aplicación de la regla de gasto si hay remanente y margen de endeudamiento.

La Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) estima que la flexibilización de estas reglas fiscales permitiría a los ayuntamientos disponer de más de 600 millones de euros que ahora están paralizados en los bancos.

Crédito a corto plazo

Crédito a corto plazo

El Govern también aprobó ayer autorizar la posibilidad de concertar operaciones de crédito a corto plazo por parte de la administración autonómica por un importe de 433 millones de euros. La formalización de estas operaciones dependerá de las necesidades que se puedan producir próximamente y que requieran esta medida para dotar de mayor liquidez a la Comunidad Autónoma ante la situación económica y social derivada de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Los 433 millones de euros que se podrían obtener en estas operaciones de crédito, con un plazo de vencimiento de un año, suponen un límite máximo para las posibles nuevas operaciones adicionales a los 450 millones de euros inicialmente aprobados por el Consell de Govern a principio de marzo y que ya han sido autorizados por el Consejo de Ministros.