El sector de la construcción en las Pitiusas no está nada contento con las decisiones del Gobierno. No tanto con las medidas para asegurar la seguridad sanitaria como de las de carácter económico y social que las acompañan. Desde la federación de construcción de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef), su presidenta, Consuelo Antúnez, considera injusta la medida del permiso retribuido, que además llega en el peor momento: «Esta es la época en la que más trabajamos preparando la temporada de todos».

«No estamos en contra de la paralización, pero sí de que sea a costa del empresario», afirma Antúnez, que además asegura que estaban dispuestos a «parar desde el principio».

El sector del ladrillo se halla en una situación similar a muchos otros. Los empresarios consideran injusta la diferencia entre sectores a los que se ha obligado a parar y a los que no. «Cuando trabajábamos la gente estaba en contra de nosotros. Supongo que porque podíamos salir a la calle, a pesar de que nos hubiera gustado estar confinados a la fuerza. Y ahora con el permiso retribuido se complica todo un poco más, porque nosotros tenemos que adelantar los salarios. Otras empresas pueden hacer ERTE [por fuerza mayor] y nosotros no. Parece que los empresarios seamos los malos de la película», explica Antúnez.

Todas las patronales de las islas coinciden en señalar la necesidad de que el Gobierno les permita recurrir a los ERTE y no solo al permiso retribuido. La asociación balear del sector ha planteado la posibilidad de que los ayuntamientos retrasen la entrada en vigor de las normativas que prohíben ciertas actividades de la construcción en temporada turística.

«Si no nos dejan trabajar en verano, estaremos parados cuatro o cinco meses», explica Antúnez, aunque aclara que de momento no lo han solicitado a ninguna administración: «No creo que sea el momento. Ahora tienen que atender otras necesidades».

Por su parte, el vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), José Antonio Roselló, asegura que hay un «gran enfado» en el sector. «La implantación del permiso obligatorio ha caído mal en el sector porque provocó un problema operativo, puesto que en estos días no han podido emitir certificaciones [informes de avances de obras sobre los que se va cobrando]. Hay un malestar notable», explica Roselló, que además considera que el escenario postcrisis que le aguarda a las islas es peor de lo que parecía: «Influenciado por los análisis del sector bursátil, yo creí que el escenario económico al que nos enfrentaríamos tras la crisis sanitaria sería en uve. Es decir, una recuperación rápida tras una caída rápida, ya que tradicionalmente la gente, tras una situación así, quiere salir y consumir. Pero el parón está siendo tan fuerte que creo que vamos más a un escenario en ele, del que nos costará más salir».

Pero el sector tuvo problemas desde el inicio del estado de alarma. «Hemos tenido problemas de suministros desde el principio, porque todo se hacía, pero mucho más lento», explica Antúnez. Otra limitación, según Roselló, fue la de los desplazamientos del personal, que «solo podían ir de uno en uno por vehículo a trabajar».