Los dos agentes de la Guardia Civil que, el pasado 2 de diciembre, reconocieron ante los magistrados de la sección primera de la Audiencia Provincial que habían hurtado 8.000 euros a un diplomático árabe cuando estaban destinados en el puesto fiscal del aeropuerto de Ibiza han sido expulsados del cuerpo.
La oficina periférica de comunicación de la Guardia Civil de Balears confirmó ayer la expulsión de los dos ya exagentes, y explicó también que, una vez que fueron condenados por este robo, cometido en septiembre de 2014, el despido de ambos era ya una mera formalidad.
En diciembre del año pasado, los dos agentes se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial para responder por la imputación de hurto formulada contra ellos por la Fiscalía de Ibiza.
El escrito de la acusación público señalaba que, después de que un vigilante de seguridad del aeropuerto descubriera que uno de los secretarios de un príncipe árabe llevaba 47.000 euros en un maletín que no había declarado, los agentes le explicaron que el máximo legal son 10.000 euros. Según el relato de la Fiscalía, los agentes aprovecharon un momento en el que el dueño del dinero no estaba presente para hurtar 6.000 euros.
Denuncia y detención
Denuncia y detención
Después, según la acusación, dijeron al hombre que si quería volar -su destino era París- dejara sobre la mesa cuatro billetes de 500 euros. «Deja eso ahí y te puedes ir con el sobre», dijeron los agentes al dueño de los 47.000 euros, al que indicaron, según el ministerio público, que si no seguía las instrucciones no se podría marchar y tendrían que encerrarlo en el calabozo.
En concreto, el diplomático trabajaba como secretario para el príncipe saudí Abdulrahman Bin Mossad Abudalziz Al Saud. Cuando aterrizó en la capital francesa, el diplomático denunció lo ocurrido en el aeropuerto de Ibiza y, apenas tres horas después, los dos agentes fueron arrestados por la policía judicial de la Guardia Civil de Ibiza.
Ambos fueron puestos a disposición del juzgado de guardia y fueron suspendidos de sus funciones de forma cautelar mientras continuaba la investigación y llegaba el día del juicio.
La Fiscalía los acusó de la comisión de un delito de hurto por el que les reclamaba una pena de cuatro años de cárcel a cada uno y la inhabilitación como guardias civiles durante el tiempo que dure la condena.
El día señalado las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad, los agentes reconocieron el robo y se evitó la celebración del juicio. Los magistrados condenaron a los agentes a seis meses de cárcel, pena que quedó en suspenso porque ambos carecen de antecedentes y a condición de que no vuelvan a delinquir en un plazo de dos años.
Al parecer, los jueces tuvieron en cuenta las circunstancias atenuantes de reparación del daño (ya que devolvieron el dinero), confesión y dilaciones indebidas. Además, los dos agentes fueron inhabilitados para el empleo público de agente de la Guardia Civil durante el tiempo de la condena.
En cualquier caso, esta última parte de la pena pierde todo el sentido desde el momento en que han sido expulsados del cuerpo.
