Más de tres millones de euros es el dinero que reclama la conselleria balear de Salud a ElianceEliance, empresa de transporte aéreo sanitario, por las deficiencias en la prestación de este servicio, según señalaron ayer fuentes del departamento de la consellera Patricia Gómez. El Govern ya ha notificado a la empresa la resolución, correspondiente a cinco expedientes sancionadores diferentes. «Ya son firmes», indicaron desde la conselleria de Salud. La situación la destaparon con sus denuncias el Sindicato Médico de Balears (Simebal), el Sindicato de Enfermería (Satse) y el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) el pasado otoño, unas denuncias que, en un primer momento, la consellera negó de pleno. «Eliance cuenta con todas las autorizaciones para volar», afirmaron desde Salud a mediados de octubre.

Las cinco sanciones suman un total de 3.043.935,15 euros y oscilan entre los cerca de 15.000 euros de la más ligera a los 1,6 millones de la más cuantiosa. La primera de ellas (14.616 euros) está motivada «por la falta de habilitación para vuelo instrumental» de los dos helicópteros que prestan el servicio, uno de ellos con base en Ibiza. La propia empresa reconoció el pasado 2 de diciembre que hasta mayo de este año no sería posible que las aeronaves pudieran efectuar vuelos en este modo, que permite realizar trayectos con escasa o nula visibilidad. El Govern rescindió el contrato con la empresa al día siguiente, y dos semanas más tarde la nueva empresa, Babcock, hacía su primer traslado en helicóptero de un paciente entre las Pitiüses.

La segunda de las sanciones (284.365,95 euros) se debe a «falta de titulación y licencias de pilotos y copilotos», detalla la conselleria. El Sepla denunció en su momento que Eliance no había provisto a sus pilotos de las habilitaciones para el vuelo instrumental algo que exigían los pliegos.

Dos de las sanciones, referentes al retraso de los aviones sanitarios de Mallorca y Menorca, superan el medio millón de euros: 553.493,8 euros en el caso del de Mallorca y 526.459,4 euros el de Menorca. La empresa adjudicataria del servicio de transporte aéreo sanitario en Balears tardó más de un año en incorporar a la flota dos aviones B250 con base en esas dos islas.

La sanción más cuantiosa que reclama Salud a Eliance es de un total de 1.665.000 euros y es por la «antigüedad del avión de Mallorca». Éste, detallan desde la conselleria de Patricia Gómez, tenía 22 años cuando el pliego de condiciones del concurso exigía que la aeronave tuviera un máximo de diez años.

En la central de Eliance en Madrid declinaron ayer hacer declaraciones alegando que era por la tarde y no estaba disponible ningún responsable.

Cumplimiento de los pliegos

«Esta sanción sienta un precedente muy importante», afirma Nerea Cañas Zaraoa, abogada aeronáutica y directora de relaciones institucionales del Sepla que destaca: «No vamos a entrar a valorar el importe, pero esto demuestra que los sindicatos teníamos razón y se estaba incumpliendo el pliego». Cañas está convencida de que esto servirá para que las administraciones supervisen el cumplimiento de los pliegos, «lo que aumentará la seguridad de los pilotos y de los pasajeros». En este sentido, la abogada recuerda que el pliego de condiciones de Balears era «impecable» y una «referencia» en el caso de que se hubiera cumplido.

El Sepla, explica, está ahora revisando otras casos aparentemente similares a los de Balears que les han llegado de otros lugares, como Ceuta y Galicia. La directora de relaciones institucionales del Sepla pone como ejemplo de la importancia de que las aeronaves y los pilotos y copilotos estén habilitados para el vuelo instrumental el trágico accidente que le costó la vida a Kobe Bryant y su hija.

David Fernández, delegado del 061 en el Sindicato Médico de Balears (Simebal), señaló que la sanción del Govern a Eliance era algo «muy esperado» y afirmó que la satisfacción «será completa» cuando se rescinda por completo el contrato con Eliance que, recordó, aún sigue prestando servicio en el transporte sanitario aéreo de Mallorca y Menorca. «Estamos pendientes de que se pronuncie el Consell Consultiu», indicó Fernández, que espera que en la próxima licitación de este servicio, prevista para 2021, la conselleria se asegure de que la empresa adjudicataria cumple de forma estricta el pliego de condiciones.