El área incluida finalmente dentro del decreto contra los excesos turísticos para el casco urbano de Sant Antoni es aproximadamente cuatro veces más extensa que la que propuso inicialmente la conselleria de Turismo del Govern, que se limitaba estrictamente a las calles del West End. Así lo dio a conocer ayer el alcalde de la localidad, Marcos Serra, en el transcurso del pleno celebrado por la Corporación, y en el que volvió a debatirse esta norma.
El portavoz socialista, Simón Planells, defendió una moción de control para que el alcalde aclarara «si está a favor o en contra» del citado decreto y explicara por qué se ha optado por una zonificación que «deja fuera muchas bodegas» y permitirá que «en un lado de una calle se podrán abrir bodegas y en el otro lado estarán prohibidas».
El alcalde respondió proclamando su apoyo al decreto y dijo que, si la delimitación no abarca más zonas (como él mismo ha reclamado públicamente), es porque «fue el Govern el que dijo que había que limitarse a la zona del West End», por lo que invitó a Planells a dirigirse a la conselleria para buscar respuesta a esta pregunta. Marcos Serra, además, aprovechó su intervención para revelar que inicialmente la propuesta del Govern para aplicar este decreto en Sant Antoni «se limitaba a las cuatro calles del West» y fue el equipo de gobierno municipal el que «multiplicó por cuatro» la superficie propuesta, hasta llegar a un polígono que limita al norte con la Calle Cervantes y al sur con la calle Balanzat. Además, no descartó ampliarla: «Esto es una zonificación inicial; el año que viene ya veremos si hay que ampliarla o no», indicó.
Bodegas excluidas
Bodegas excluidas
En todo caso, el PSOE insistió en denunciar los «agravios comparativos» de esta delimitación, porque «en la calle Soledad hay cinco bodegas que quedan fuera», así como algún hotel de todo incluido que queda igualmente excluido de esta zona, hecho que consideró ilógico.
Por otra parte, todos los partidos de la Corporación dieron su apoyo a una declaración institucional que reclama el envío de más agentes de la Guardia Civil a Sant Antoni en verano. El texto inicialmente presentado por el PP, Proposta per Eivissa y Ciudadanos recibió algunas modificaciones e incorporaciones desde el PSOE para lograr el apoyo unánime. «Recientemente se ha conocido que hasta 50 agentes de la Guardia Civil van a abandonar la isla de Ibiza, de los cuales 25 o 30 se marcharán del puesto principal de Sant Antoni», afirma la declaración. Aunque esta reducción «se verá compensada con los nuevos agentes que sean destinados al cuartel», el Ayuntamiento considera que «la rotación excesiva de agentes de policía y Guardia Civil no permite crear un arraigo en el municipio».
Por ello, se reclama al Gobierno que «tenga en cuenta la población flotante» del municipio y no sólo la fija, a la hora de asignar funcionarios. Asimismo, se pide que se incremente el complemento de insularidad destinado a los funcionarios estatales para equipararlo al que reciben en Canarias. Del mismo modo, se insta a facilitar vivienda a esos refuerzos y se cita la residencia militar Héroes de Filipinas como lugar idóneo.
Por último, la misma declaración institucional solicita al Consell de Ibiza y al Govern un «incremento del personal con potestad sancionadora» para hacer cumplir los preceptos incluidos en el decreto contra el turismo de excesos recientemente aprobado.
Ayer tomó posesión como nuevo concejal de Urbanismo y Actividades Miguel Ángel Costa Marín, en sustitución de Javier Jiménez.
