El responsable de Can Dog, José Aranda, explicó que, pese al acuerdo entre diversas asociaciones animalistas y el Ayuntamiento para evitar que 30 podencos fueran trasladados a Mallorca, aún nadie se ha hecho cargo de los canes ni del coste de su mantenimiento. A partir de enero los perros dejaban de ser responsabilidad del Consistorio y una serie de personas los iban a adoptar. «Llevo un mes cuidando los perros. He pagado el pato. A alguien tengo que facturar», indicó el propietario de Can Dog.
Sin embargo, la concejala de Bienestar Animal, Guadalupe Nauda, respondió que había que decir «la verdad» y destacó que el responsable de Can Dog «impide el traspaso del microchip» de los perros a las personas que quieren adoptarlos. Aranda ya pidió una autorización del alcalde, que, según Nauda, no es necesaria. «¿Qué queremos? ¿Seguir manteniendo 30 perros mientras se paga con dinero público? Esto no va a ocurrir. Pase el microchip de los perros y se acabó el problema de facturación».
