Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) obliga al Govern balear a indemnizar con 45 millones de euros al Gobierno central por los sobrecostes y retrasos que sufrieron las obras de las plantas desaladoras de agua de mar de Santa Eulària y Ciutadella (Menorca). Durante años, ambas administraciones mantuvieron disputas sobre a quién correspondía asumir el pago de estos sobrecostes, y finalmente el tribunal balear ha dado la razón al Gobierno central, para enojo y sorpresa de la Comunitat Autònoma.

El conseller de Medio Ambiente y Territorio de Balears, Miquel Mir, tachó ayer de «mala noticia» y de «injusta» la sentencia, al tiempo que anunció la interposición de un recurso contra el fallo.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Palma, Mir lamentó que esta situación no se haya resuelto en el ámbito político, «tal como viene reclamando el Govern desde 2015».

En este sentido reclamó al Gobierno «una solución política tal como se había acordado a inicios de la anterior legislatura, compromiso que el Gobierno de Mariano Rajoy incumplió».

En septiembre de 2005, el Ministerio adjudicó el contrato para la elaboración del proyecto y la obra, así como la explotación posterior de ambas. La de Santa Eulària tenía un presupuesto de 14.191.436 euros y la de Ciutadella, de 12.475.089 euros.

En los dos casos se añadieron modificaciones al proyecto por parte del Ministerio y esto supuso un sobrecoste de 8.020.812 euros para la instalación de Santa Eulària y de 4.531,875 euros para la de Menorca.

Según explicó ayer la conselleria, las obras acabaron en 2011 pero el Gobierno «se negó a recibirlas porque no eran plenamente operativas, puesto que no estaban conectadas a la red de abastecimiento».

Además, el sobrecoste de las modificaciones representaba un aumento de la tarifa que incumplía el Convenio con el Ministerio, con el agravante de que, en Ibiza, el mismo Ministerio estaba construyendo el anillo de interconexión, proyecto que, en aquellos momentos, no llegaba hasta la desaladora de Santa Eulària.

En diciembre de 2013 las adjudicatarias pidieron la resolución del contrato de concesión al Ministerio, y reclamaron una indemnización de 31.079.658 euros por la de Ibiza y 32.549.448 euros por la de Menorca.

En diciembre de 2015 el Consejo de Ministros autorizó las resoluciones de los contratos y el secretario de Medio Ambiente resolvió que se tenían que abonar 26.113.865 euros por la desalinizadora de Santa Eulària y 19.185.465 euros por la de Ciutadella.

El Govern se ofreció, a inicios de la anterior legislatura, a asumir estas obras a cambio que el Estado se hiciera cargo del importe de las instalaciones y de su sobrecoste. Mir recordó, en este sentido, «la grave situación de sequía que sufría, especialmente, la isla de Ibiza en aquel momento, motivo por el cual el Govern ofreció esta solución para desbloquear el conflicto».

Finalmente, las instalaciones fueron recibidas por la Comunitat Autònoma en mayo de 2016. En octubre del mismo año, sin embargo, el Govern recibió un requerimiento del Ministerio donde, «incumpliendo el acuerdo», le reclamaba el coste de las obras y el sobrecoste, explicó la conselleria en su nota de ayer.

Mir explicó que hace dos semanas pidió formalmente a la vicepresidenta cuarta para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, una reunión urgente para tratar, entre otros temas, esta cuestión. En este sentido, lamentó que, «a pesar del buen talante del actual Ejecutivo central, no se haya podido reconducir la situación en el ámbito político».