Los ayuntamientos de la isla acordaron ayer con el Consell que se pondrán las pilas para consensuar «antes del verano» unas reglas comunes sobre el uso del servicio de GPS en el sector del taxi (el sistema de geolocalización para la atención de llamadas). Para ello, se modificará la orden insular que regula la carga de pasajeros para los taxistas que circulan por un municipio distinto al suyo y se incluirá cómo se ha de gestionar el GPS en toda la isla.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Ibiza sigue adelante con la decisión de prohibir que taxistas ajenos al municipio cubran servicios de GPS en la capital. El reglamento de Vila que ordena el uso del taxi obliga al equipo de gobierno a tomar esta decisión, según explica el segundo teniente de alcalde, Aitor Morrás. «Estoy obligado a cumplir la normativa», justifica. De hecho, esta misma semana se prevé que se emita un decreto para impedir que los taxistas de otros municipios atiendan servicios de GPS en la capital.

El director insular de Movilidad, Roberto Algaba, entiende la posición de Vila. «No se le ha pedido que dé marcha atrás. Vamos a trabajar con la orden de carga insular para que en Vila los taxistas de otros municipios también puedan cubrir servicios de GPS», dice. «El vacío reglamentario causa malestar y que haya gente que se beneficie de ello. Hoy el problema está en Vila, pero mañana podría ser en otro Ayuntamiento», añade.

La asociación mayoritaria de taxistas de la ciudad de Ibiza ofrece, a través de la Federación Insular del Taxi, un servicio de GPS a todos los taxistas de la isla, pero un grupo minoritario de Vila ha puesto en marcha un segundo servicio de GPS. Estos se quejan de que el mayoritario ofrece servicios de Vila a taxistas de fuera sin considerar si más cerca se encuentra algún vehículo con licencia del municipio libre.

Servicio sin regular

Servicio sin regular

Y el reglamento municipal del taxi determina que el servicio del GPS lo tienen que prestar vehículos de Vila, según explica Morrás. «Si el Consell no lo ha regulado en el conjunto de la isla, nosotros nos tenemos que limitar, según determina el reglamento, prestar el servicio con taxis del municipio», indica, para agregar acto seguido: «El problema no lo genera Vila, sino el hecho de que no esté regulado».

Los concejales de Movilidad de los cinco ayuntamientos acordaron ayer que volverán a reunirse el lunes, sin ningún representante del Consell, para debatir cómo se puede regular el uso del GPS. Por el momento, no emprenderán el camino de Vila y no prohibirán que los taxistas de la capital puedan cubrir servicios de GPS en sus municipios, aunque algunos taxistas, sobre todo de Sant Josep, lo reclaman. El jueves se reunirán de nuevo con el Consell para avanzar en la solución.

El Govern balear, que es la administración que en 2012 aprobó la orden de carga que está en vigor, es la que debe tramitar la modificación. Algaba explicó que, en su reciente visita a Ibiza, el conseller balear de Movilidad, Marc Pons, se comprometió a aprobar la propuesta que plantee el Consell. «Se aprobará sin problemas», señaló el director insular.

El presidente de la Federación Independiente del Taxi de las Illes Balears, Biel Moragues, viajó ayer desde Mallorca para asistir a la reunión que el sector de la isla mantuvo en el Consell con Algaba. Moragues, que recordó que el 95% de los taxistas de la isla pertenecen a su asociación, valoró el acuerdo alcanzado por los ayuntamientos. «Vila puede tener razón en lo que ha hecho, pero entendemos que una decisión unilateral podría tener consecuencias muy graves para el servicio», dijo en alusión al hecho de que «Vila se hubiera quedado al margen y los otros cuatro ayuntamientos hubieran decidido seguir funcionando como hasta ahora» en vez de buscar una solución conjunto.

En todo caso, Moragues atribuyó la decisión de Vila a «una estrategia para forzar la negociación». «El Ayuntamiento no puede imponer su criterio. Hay que negociar y todos tienen que aflojar. Un segundo GPS montado por un grupo minoritario no puede imponer a los demás taxistas que lo acepten cuando el resto funciona con el mismo», agregó.

Subida de tarifas y uniforme

Subida de tarifas y uniforme

Por otro lado, los taxistas también reclamaron al Consell que se actualicen las tarifas, ya que no se han modificado desde 2014. Algaba asegura que ahora es «prioritario» modificar la orden de carga para solventar el problema del GPS, pero que «paralelamente», también de cara al verano, se pedirá al Govern que modifique también al alza las tarifas. «Tenemos que estudiar cómo lo hacemos», indicó.

Asimismo, Algaba planteó a los concejales la necesidad de impulsar un reglamento insular del taxi y que el Consell asuma parte de las competencias municipales, aunque este proceso será mucho más largo y puede tardar «dos años». Mientras tanto, el Consell prevé contratar el diseño de un posible uniforme conjunto de todos los taxistas para que los ayuntamientos, si lo aceptan, lo aprueben.

También está pendiente que se habiliten vehículos de siete plazas. Sobre esta cuestión, el concejal de Movilidad de Sant Antoni, Joan Torres, se muestra crítico con el Consell. «Desde que se aprobó la ley balear de Transportes en 2014, el Consell aún no ha sacado el decreto que lo permita. Ya lo pedí en el pasado mandato y al principio del actual. No creo que sea tan complicado. El Consell llega tarde. Es una cuestión imprescindible», recalcó Torres.