El equipo de gobierno de Sant Josep saca a concurso, con un coste de 1,3 millones, la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que debe sustituir a «la desfasada» actual normativa: las Normas Subsidiarias que están en vigor desde 1986 y que no se han adaptado a ninguna ley ni normativa posterior, ya sea la Ley de Espacios Naturales (LEN), de 1991, o el Plan Territorial Insular (PTI) que se aplica desde 2005.
El alcalde, Josep Marí Ribas, explicó ayer en rueda de prensa junto al primer teniente de alcalde, Ángel Luis Guerrero, que el futuro planeamiento urbanístico no incorporará «nuevas grandes zonas de crecimientos» de suelo urbano. Sólo se reclasificarán «áreas urbanas ya consolidadas con servicios en las que haga falta completarlas con algún equipamiento». Se refirió, en concreto, a las zonas interiores de Sant Jordi, el núcleo urbano de Sant Josep y Cala de Bou. Acto seguido, Marí Ribas especificó que se «va a huir de nuevos desarrollos destinados a segundas residencias y al turismo». «Tenemos un problema de falta de agua, por lo que no podemos aspirar a crecer mucho más», recalcó.
Al ser preguntado sobre si el nuevo PGOU reclasificará la zona de Platja d'en Bossa donde el Grupo de Empresas Matutes proyecta su plan de excelencia turística, con una gran zona comercial y nuevas instalaciones turísticas, el alcalde indicó que sólo se preverá algún crecimiento en el caso de que fuera necesario para incorporar algún equipamiento público. «Donde se prevea alguna infraestructura, como una calle, se puede crecer, pero no necesariamente se debe hacer», dijo Marí Ribas, que agregó que «a priori» no hay ninguna «idea» de que esta parte del municipio se tenga que desarrollar más.
Legalización en Platja d'en Bossa
En todo caso, en el nuevo PGOU se incorporará como suelo urbano la zona hotelera edificada de Platja d'en Bossa y la residencial de Cala Tarida que quedaron fuera de ordenación como consecuencia de una sentencia judicial. La nueva ley de urbanismo de Balears incluyó una polémica disposición transitoria para que estas edificaciones se incorporen al planeamiento como suelo urbano, pero aún no se ha hecho. Se hará con el nuevo PGOU. No obstante, el alcalde indicó que no se contabilizará como un nuevo crecimiento. También recordó que cualquier reclasificación está limitada por «el techo que marca el PTI». «No estamos para hacer grandes crecimientos, sino sólo para completar infraestructuras», insistió Marí Ribas.
También dijo que «en los últimos tiempos» los residentes en el municipio «han cambiado». «Nadie discute que se ha de proteger el territorio y espacios como ses Salines o Cala d'Hort y que en suelo rústico se debe construir lo mínimo», destacó Marí Ribas.
Guerrero destacó que la situación del urbanismo en Sant Josep es «ingestionable» como consecuencia del «caos que hubo en la época oscura del exalcalde Serra Escandell y sus acólitos». El primer teniente de alcalde indicó, a modo de ejemplo, que de las 82 unidades de actuación urbanísticas del municipio, sólo cinco están «bien desarrolladas» cumpliendo todos los requisitos que marca la ley.
La etapa «oscura» del PP
El Consistorio ha otorgado licencias para edificar en los últimos 30 años, a pesar de que no se hayan cumplido todos los trámites preceptivos que determina la normativa, sobre todo la cesión de suelo público para la construcción de equipamientos. Así, por ejemplo, en Cala de Bou, una de las zonas de la isla con una mayor densidad de edificación, el Consistorio sólo dispone de las calles y 3.000 metros cuadrados de terreno. Guerrero indicó que, por culpa de esta gestión urbanística heredada, ahora el Consistorio debe buscar terrenos fuera de la zona urbana y reclasificar suelo rústico para edificar infraestructuras necesarias para la población.
Las Normas Subsidiarias en vigor prevén un techo de población de más de 70.000 habitantes. Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) del Govern de Jaume Matas redujeron de 2.160 a 1.150 las hectáreas urbanas o urbanizables (del 13,5% del total del municipio al 7,22%), pero el planeamiento no se ha adaptado a este drástico recorte.
El planeamiento urbanístico que tramitó el primer gobierno progresista, en 2008, pero que quedó en nada, reducía el máximo de población a 50.000 residentes. Luego, en 2014, el anterior gobierno del PP, con Neus Marí al frente, también inició, infructuosamente, la revisión de las Normas Subsidiarias, con un techo de 55.000 habitantes, según Guerrero. De hecho, el último gobierno de Serra Escandell ya anunció un nuevo planeamiento y, desde entonces, ha habido otros tres intentos más de la izquierda y la derecha que no han salido adelante por lo complicado que es su tramitación.
El primer teniente de alcalde reconoció que la aprobación definitiva del PGOU podría cerrarse en un plazo de entre «ocho y 10 años», aunque luego el alcalde puntualizó que era «una previsión pesimista» y que confía en conseguir antes «este objetivo de legislatura».
El equipo redactor del PGOU tendrá que elaborar primero un diagnóstico sobre la situación urbanística del municipio. El primer teniente de alcalde dijo que el Ayuntamiento «desconoce» el suelo urbano y urbanizable «vacante». Este primer trabajo debería estar hecho en un plazo de ocho meses, según el alcalde. También deberá llevar a cabo un proceso de participación ciudadana para buscar el máximo consenso político y social.
