Cuando el parque de bomberos recibió en la madrugada del 21 de enero del año pasado una alerta por un incendio en los juzgados de Isidor Macabich nadie se imaginaba que este suceso marcaría el principio del « annus horribilis» de la justicia en Ibiza y que provocaría un «caos judicial» de tal magnitud: se suspendieron los plazos y términos procesales y la actividad jurisdiccional y el Ministerio de Justicia no disponía de ningún espacio alternativo para albergar los cuatro juzgados de instrucción, el de Violencia sobre la Mujer, los dos penales y el Instituto de Medicina Legal.
«Este último año ha sido muy penoso, el incendio fue una desgracia. Más de la mitad de la justicia de Eivissa se vio afectada pero dentro de la mala suerte se hizo lo que se pudo», valora la secretaria coordinadora provincial para Ibiza, Formentera, Josefa Juan Marí, en el primer aniversario del incendio criminal de los juzgados de Isidor Macabich. «Fue un año muy malo para la justicia. Esperemos que a partir de ahora todo mejore», recalca Marí.
Por su parte, el juez decano de Ibiza y titular del juzgado de Violencia sobre la mujer, Juan Carlos Torres, rememora la sensación de «impotencia» que sintió cuando en la mañana del 21 de enero del año pasado le informaron de que los juzgados estaban ardiendo. «Comparto la opinión de que este suceso fue un atentado contra el Estado de Derecho y también añadiría que fue contra toda la ciudadanía que precisa del servicio público de la Administración de justicia», manifiesta el juez decano de Ibiza en una conversación telefónica. «Es preocupante. Esperemos que pronto se celebre el juicio», agrega Torres. Sin embargo, la instrucción de esta «compleja» causa sigue abierta y aún permanecen en prisión preventiva dos de los cinco detenidos el pasado mes de mayo en el operativo llevado a cabo por la Policía Nacional.
Según explicó el jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría de Eivissa en una entrevista con este diario publicada el pasado 20 de octubre, todo apunta a que los presuntos delincuentes incendiaron el edificio de los juzgados «para atrasar causas judiciales e incluso anular pruebas».
Más crítico se muestra el portavoz del sector de Justicia del sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), Sabino Aramburu, que califica como un «sindiós» lo sucedido tras el incendio criminal en los juzgados de Eivissa. «Ha sido un annus horribilis, pero el trabajo se ha sacado adelante gracias a todos los trabajadores implicados en la justicia: jueces, fiscales, policías, abogados...», subraya este portavoz del CSIF, que recuerda que durante casi un año solo se han llevado a cabo causas con preso, de violencia de género o las del juzgado de guardia.
Además, Aramburu considera que los primeros días de la crisis derivada del incendio criminal no fue correctamente gestionada por el Ministerio de Justicia. «Si se hubiera hecho bien desde el principio, nos habríamos trasladado antes al nuevo edificio o a unas instalaciones decentes», señala Aramburu. En contraposición, el juez decano y titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer considera que el Ministerio «hizo todo lo que podía» para solucionar este problema y de lo que se queja es de las «múltiples voces» que surgieron al principio de la crisis cuando habría sido mejor «un gestor que liderase de manera indiscutible y no cuestionada».
Respecto a la tardanza de dos meses del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Antoni Terrassa, en desplazarse a Eivissa para conocer el estado de la justicia tras el incendio, el juez decano no se pronuncia. A continuación, Torres explica que fue propuesta suya habilitar «minijuzgados», donde trabajaban un funcionario, el letrado y el juez de cada juzgado, en las dependencias de los de Instancia y de lo Social.
Posteriormente, la torre 1 del edificio Cetis albergó en su última planta todos los juzgados de instrucción, aunque no trabajaban todos los funcionarios, el de guardia y el de Violencia sobre la Mujer. En cuanto a los dos penales, desde finales de febrero trabajaron en las instalaciones cedidas por el Consell y el Instituto de Medicina Legal fue el peor parado, ya que sus profesionales se repartieron entre la torre 1 del edificio Cetis (en cuya sala no cabía una camilla) y el juzgado de lo Social.
Para que los juzgados pudieran trabajar al completo, Justicia alquiló tres salas en la torre 6 del Cetis y allí se trasladaron a principios de mayo toda la plantilla de Instrucción. Era la penúltima mudanza antes de la definitiva a la nueva sede de sa Graduada, que abrió oficialmente al público el 3 de diciembre.
A pesar de que la inauguración de este edificio, que según el CSIF llegó «tarde», facilitó la recuperación progresiva de la actividad judicial, 2019 será recordado como el peor año para la justicia en la isla.
