Incertidumbre. Y muchas dudas. Es lo que deja la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJB) del decreto que regulaba la exigencia del catalán para los trabajadores de la sanidad pública. Desde el Sindicato Médico de Balears interpretan que esto implica que «queda en vigor la Ley de Función Pública de 2016 que obliga a los trabajadores del Govern a tener el B2 de catalán». Esto mismo considera el PP. Sin embargo, representantes de VOX celebraban el viernes la decisión del máximo tribunal de las Illes al estar convencidos de que esto supone el fin de la exigencia.
La conselleria balear de Salud mantuvo ayer silencio sobre este tema y declinó resolver las dudas que plantea la anulación del TSJB. Desde su departamento señalaron que antes de pronunciarse quieren comprobar ciertos aspectos con los servicios jurídicos y tenerlo todo «claro». Salut asegura que es consciente de la «inseguridad y preocupación» que el anuncio ha generado entre los profesionales sanitarios, especialmente aquellos que están preparando oposiciones, pero consideran que sería «irresponsable» hacer comentario alguno sin haber aclarado la situación con el departamento jurídico. «Si podemos recurrir, lo haremos», adelantaron desde la conselleria.
El portavoz del Sindicato Médico de Balears en las Pitiusas, Carlos Rodríguez, confesó ayer estar «muy preocupado» por lo ocurrido y alertó de que será «imposible» contratar nuevos facultativos para las Pitiüses si se exige el B2 de catalán. Rodríguez recuerda que el decreto se aprobó en 2018 para «matizar» la Ley de Función Pública «de 2016: «Aprobaron una ley por cuestiones políticas, por el gobierno con Més y Podemos, y cuando vieron que no funcionaba para la sanidad decidieron controlarlo con un decretazo».
Éste, indica, «rebajaba la exigencia del B2 al B1 y daba un plazo de dos años a los profesionales sanitarios para sacárselo». El problema, continúa el portavoz del Simebal, es que el decreto «penalizaba a quienes pasado ese tiempo no se lo hubieran sacado impidiéndoles ascender, solicitar un traslado o, en el caso de las enfermeras, optar a promociones internas». Rodríguez explica que, a diferencia del CSIF, cuyo recurso al decreto ha concluido en la anulación del mismo por parte del TSJB, el Simebal optó por no recurrirlo al considerar que éste, «al rebajar el nivel de exigencia», era «preferible» a la ley.
Profesionales «en 'standby'»
Rodríguez critica que la sentencia y el silencio de la conselleria deja a los profesionales sanitarios que ya trabajan en la sanidad de las islas «en standby» mientras que duda que, con la rebaja de la exigencia del catalán desactivada, se puedan contratar nuevos profesionales. El sindicato insiste de nuevo en que el catalán debería ser «un mérito y no un requisito»: «Si no, sólo puedes contratar médicos de las islas, Catalunya o Valencia».
La portavoz en materia de sanidad del PP, la ibicenca Tania Marí, calificó de «chapuza» la actuación del Govern balear de Francina Armengol: «Para arreglar un bunyol han provocado una inseguridad jurídica en los profesionales y una fuga del personal sanitario». «No se puede promover una lengua y una cultura a costa de un servicio público», indicó la portavoz popular, que afirmó: «En los últimos años hemos visto cómo medidas estrella de este gobierno han acabado siendo medidas estrelladas».
En este mismo sentido se manifestó el portavoz de Ciudadanos en Ibiza y vicepresidente segundo del Consell, Javi Torres, que señala que la exigencia del catalán se suma al «principal problema» que complica la contratación de profesionales sanitarios para la isla: «la vivienda». «Si ya está difícil y añadimos otra barrera...», reflexiona Torres, que destaca «las dudas» que plantea la resolución del TSJB. «Tenemos que ver los efectos de esta resolución. Si se vuelve a la situación de antes del decreto y si la anulación afecta de alguna forma a las oposiciones», indica Torres.
De momento, VOX es el único partido de las islas que ha celebrado la anulación del decreto al considerar que los profesionales sanitarios quedan fuera de la Ley de Función Pública que exige el B2 de catalán. «Se trata de una muy buena noticia», afirma, convencido, el presidente de la formación en Balears, Jorge Campos.
El PSOE ibicenco, por su parte, se negó ayer a hacer valoración alguna sobre este tema «hasta que lo haga el Govern la semana que viene», según indicó un responsable de comunicación del partido en las Pitiusas.
