Por primera vez en materia turística, la Administración progresista del Govern balear y el Ayuntamiento de centroderecha de Sant Antoni parecen remar en la misma dirección. Aunque con matices y alguna recriminación velada por parte del alcalde, Marcos Serra, el equipo de gobierno expresó ayer su acuerdo con el decreto del Govern contra el turismo de borrachera y recordó que ambos buscan el mismo objetivo: terminar con el turismo de borrachera.

Marcos Serra recordó que, en los pocos meses que lleva en el puesto, ha sancionado ya cinco locales de ocio de Sant Antoni, con clausura de varios meses y multas elevadas, como demostración de su voluntad de hacer cumplir las leyes vigentes. Aunque, en presencia de la directora general de Turismo del Govern, dijo que se ha ido enterando «por la prensa» de casi todo el proceso de este decreto y que al principio era «un poco escéptico», afirmó: «En vista de lo que es y de que, de todos modos se aplicará, apoyamos este decreto».

Zonificación

Zonificación

También recordó que ha reclamado al Govern la realización de inversiones para mejorar el área afectada por el decreto, «que no es todo Sant Antoni, sino solo una parte específica», dijo. En todo caso, se trata de una parte relevante del casco urbano, pues, a falta de conocer la zonificación aprobada ayer, fuentes municipales indicaron que el polígono incluido en la norma limita al este con la calle Ramón y Cajal, al sur con el Passeig de ses Fons y la calle Balansat, al oeste con la calle Madrid e Isidor Macabich, y al norte, con la calle Cervantes (si bien podría ser la Soledad, pues este detalle no pudo ser aclarado ayer por este diario). Se trata de un área que supera ampliamente la de la zona de protección acústica y, por supuesto, a la del propio West End.

El alcalde consideró que la norma «debería aplicarse a todas las islas», no solo a tres partes concretas. También recordó los esfuerzos que realiza su equipo de equipo de gobierno para ·mejorar la imagen del pueblo y cambiar el tipo de turismo», promocionando, por ejemplo, la gastronomía en las ferias turísticas.

Por su parte, la directora general de Turismo, Rosana Morillo, destacó el diálogo mantenido con el Ayuntamiento y recordó que la vigencia de este decreto será de cinco años, una vigencia temporal «porque estamos limitando la actividad empresarial y son medidas extraordinarias». La norma, por otra parte, tiene un carácter flexible, porque las zonas de aplicación pueden ser ampliadas, como recordó en la rueda de prensa ofrecida en Ibiza cuando se le preguntó por qué no se ha incluido también a Platja d'en Bossa.

«Es una norma para restablecer la calidad turística a estas tres zonas, para eliminar la presión mediática negativa que sufren y para garantizar la convivencia», explicó Rosana Morillo.

También aludió a la «gran cantidad de intervenciones policiales y sanitarias, con el consiguiente coste económico» que conlleva el turismo de borrachera que caracteriza a estos tres núcleos turísticos.

La directora general afirmó que se trata de una medida «pionera en toda Europa» y que permitirá obtener resultados positivos en el plazo en que estará vigente.