El esperado juicio por el gran golpe perpetrado en la sede del Grupo de Empresas Matutes la noche del 26 de octubre de 2013, en el que los ladrones consiguieron un botín de 2.767.000 euros, se celebrará en Ibiza durante la tercera semana de junio, en concreto entre los días 16 y 19, de martes a viernes, si bien también se contempla la posibilidad de que se alargue hasta el lunes, día 22. La vista oral la presidirá la magistrada Martina Rodríguez, titular del Juzgado de lo Penal numero 2 de Ibiza, y se celebrará en el nuevo edificio judicial de la isla. El único acusado como autor material del robo es el exagente de la Policía Nacional Rafael Rodríguez, que fue expulsado del cuerpo cuando, a raíz de su detención por el golpe millonario, se descubrió que trabajaba como vigilante de seguridad en la sede del Grupo de Empresas, y que cobraba por ello 1.500 euros al mes -al parecer a través de su pareja-, además del disfrutar de forma gratuita de una vivienda para su familia frente al edificio en el que se cometió el robo, y que también es propiedad del holding del exministro. La Audiencia Nacional expulsó al agente del cuerpo por la flagrante incompatibilidad que supone ser policía nacional y realizar funciones de vigilancia para un particular. La Fiscalía de Ibiza solicita para este acusado una condena de cinco años de prisión por la comisión de un delito de robo con fuerza. El ministerio público también reclama que Rodríguez indemnice al Grupo de Empresas con 995.000 euros, que es la cantidad que, supuestamente, aún falta por recuperar de los 2,7 millones robados, más los intereses legales. No es único policía nacional que se sentará en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza. También está el agente José Joaquín Fernández, conocido como J.J., para quien la Fiscalía reclama 21 meses de prisión por el delito de encubrimiento, y a quien no exige indemnización. A diferencia de la Fiscalía, la acusación particular, ejercida por Grupo de Empresas Matutes -que también pide cinco años para Rodríguez como autor material y 21 meses para Fernández por encubrimiento-, reclama en su escrito que sean los dos agentes, junto con la pareja de éste último, L.H.T. -a la que también acusan de encubridora y para quien reclaman un año de prisión-, quienes indemnicen al holding «de forma solidaria» con los 995.000 euros que aún siguen sin recuperar. Por tanto, serán tres las personas que se sentarán frente a la jueza, incluyendo a L.H.T.
Testigos
Testigos
Son muchos los testigos citados. Además de los investigadores de la Policía Nacional que llevaron el caso y algunos trabajadores del Grupo de Empresas Matutes, también está citado, a petición del abogado Fernando Pamos de la Hoz, defensa del agente Fernández, el propio Abel Matutes Juan.
La jueza concedió está petición a la defensa del agente porque Pamos de la Hoz quiere interrogar al exministro acerca de «los pormenores sobre el origen del dinero, [ya que] la cuantía y el origen no están nada claros, su entrevista en la televisión local que se incluye en las actuaciones y que fue emitida durante la instrucción ante todas las partes y en el que [Abel Matutes] habla del origen del dinero sustraído, algo que no se corresponde en absoluto con el informe ad hoc de la consultora». Según este abogado, los responsables económicos de la empresa dijeron durante la investigación que el dinero robado procedía del hotel discoteca Ushuaïa y, sin embargo, siempre según el letrado de Fernández, en el programa de la televisión local el exministro señaló que procedía de los hoteles del holding. El abogado está interesado en aclare este punto.
«Inverosímil»
«Inverosímil»
Según la Fiscalía, el robo lo perpetró una única persona, algo que algunas fuentes policiales califican de «inverosímil». En su escrito, la Fiscalía relata que, aquella noche de hace más de seis años, Rodríguez se aprovechó de su condición de personal de seguridad de Empresas Matutes para entrar en el edificio del grupo, en la avenida Bartomeu de Roselló, de Vila. Su intención, según la acusación, era reventar la caja fuerte, y había comprado por internet botellas de acetileno y oxígeno y un soplete. A las 21.15 horas llegó a la segunda planta del edificio y «anuló la alarma volumétrica con un folio transparente». Después, dice la Fiscalía, usó un patio interior para acceder desde la segunda planta a la tercera, donde previamente había dejado una ventana abierta. Fue al cuarto de las cajas fuertes y, de rodillas, poco a poco trasladó las botellas y el soplete. Sobre las 21.50 horas comenzó a cortar una caja fuerte de color azul de unos dos metros de altura, un metro de ancho, 50 centímetros de espesor y con puerta de acero doble hoja. Agujereó el lado derecho de la caja y sacó 2.757.000 euros. Escapó por el patio interior y se llevó el dinero a su casa, frente al edificio. Por la mañana, dice la acusación, distribuyó el dinero en varios lugares. En un terreno suyo en Sant Llorenç puso 194.995 euros en un baúl. En el maletero de su Ford Fiesta guardó 782.000 euros. El 1 de noviembre, cuando fue detenido, entregó a los agentes la primera cantidad. Cinco días después les dijo dónde estaba la segunda.
El mismo día del robo, Rodríguez llamó a Fernández y le pidió que le ayudara a esconder el resto del botín. La acusación remarca que Fernández sabía que el dinero procedía del robo. Lo ocultó en dos cajas que enterró. Fernández, señala el escrito, entregó a la Policía las cajas el 2 de noviembre. En una había 140.000 euros y en la otra 655.000. Se recuperaron 1.772.000 euros, por lo que faltan 995.000.
